La pandemia del Covid-19 obligó al Gobierno de Alberto Fernández a dictar la cuarentena obligatoria. En aquel momento, a mediados del 2020, solamente los esenciales podían salir a trabajar y las reuniones sociales estaban prohibidas. Sin embargo, en la Quinta de Olivos se vivió una realidad diferente y se festejó el cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yañez, junto a sus cercanos.
Esto se conoció varios meses después y desató un caos para el mandatario. Actualmente esto está judicializado por incumplimiento de un decreto nacional aunque la estilista de la pareja del presidente evitará el juicio. Según informó NA, Carolina Marafiotti logró un acuerdo para pagarle al Estado el equivalente a cinco días de internación en terapia intensiva con respirador artificial.
Este mecanismo, conocido como «conciliación», estableció que abonará $200.000 en insumos para un hospital público. En este caso será el Hospital Provincial Petrona V. De Cordero, en San Fernando según estableció el fiscal de San Isidro Fernando Domínguez con Alejandro Rúa, abogado defensor de la estilista de Fabiola Yañez. Sin embargo, no todos los implicados pueden hacer uso de este recurso.
Todas las personas que participaron del encuentro y tengan cargos públicos no están dentro de esta alternativa. Esto ocurre porque existe el delito de «incumplimiento de los deberes de funcionario público«, una figura que podría caberle al presidente de la Nación, Alberto Fernández. De esta manera, Marafiotti no irá a juicio.
¿Cómo se establece este monto?
“Es difícil es mensurar el daño causado en este tipo de casos a los fines de su reparación. Sin embargo, sí puede intentar fijarse algún criterio que permita tornar operativo el instituto, concitando los intereses en juego”, detalla el acuerdo. Con este criterio, el abogado de la estilista de la primera dama envió una propuesta por $200.000 que fue aceptada.
De esta manera, se afirma que «la reparación en el costo de insumos hospitalarios permitiría -de algún modo- objetivar la propuesta buscando alguna equivalencia entre el reproche penal por el hecho imputado, el perjuicio y la capacidad económica del justiciable”. El resto de los implicados en al causa continuará con el curso legal del caso aunque podrían llegar a conciliación también.
