El Gobierno, tal como informó El Intransigente, busca crear un impuesto para las viviendas ociosas, es decir, aquellas que estén vacías a fin de incrementar la oferta de alquileres en el país. Enrique Abatti, titular de la Cámara de Propietarios de la República Argentina, no se quedó callado y calificó a la idea como «un disparate«, ya que, sostuvo que «es algo que no va a funcionar y va a ser pernicioso tanto para los propietarios como para los inquilinos y obviamente para los corredores inmobiliarios que intermedian estas operaciones».
Esta mañana en diálogo con Eduardo Serenellini en LN+, el entrevistado aseguró que si se aplica el gravámen eso no hará que más personas pongan su propiedad en alquiler, «al contrario es hechar más nafta al fuego», afirmó y advirtió que «lo único que va a lograr es que desaparezcan más viviendas del mercado inmobiliario». Por lo tanto, sostuvo que «lo que hay que crear es un ley de incentivos fiscales con evasión impositiva para quienes inviertan en construír edificios destinado al alquiler de vivienda» y agregó que debería ser «por un plazo de 10 años».
«Volcar esos inmuebles al mercado de alquileres por 10 años y además tener ventajas impositivas», sintetizó y afirmó que «el problema acá en la Argentina es que no hay seguridad jurídica», razón por la cual, «la gente no pone sus propiedades en alquiler», aseveró. A modo comparativo, remarcó que «en Paraguay y ni hay hablar en Uruguay hay más seguridad jurídica».
Frente a ese panorama, precisó que «la rentabilidad de un inmueble en alquiler no supera el 2% anual antes de impuestos en dólares» al tiempo que indicó que «en Uruguay es entre un 4 y un 5% y en Parguay, un 5%. Es por eso, que recalcó que «el inversor no da muchas vueltas» y afirmó que «a veces prefiere mal vender acá e invertir en otro país».
Acerca de la mesa de negociación que se llevó a cabo esta semana entre el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, y entidades del negocio inmobiliario para efectuar cambios en la ley de alquileres, el profesional sostuvo que su institución «no fue invitada» y adelantó que para él «esta historia se seguirá desarrollando en el Congreso a través de las comisiones».
Ley de alquileres: «Hay que derogarla totalmente»
Sin dudar, sentenció que «esta ley hay que derogarla totalmente» y como paso siguiente, consideró que «hay que volver a la ley del Código Civil y Comercial que rigió desde el 31 de agosto de 2015 hasta el 1 de julio de 2020». Sobre cómo son los contratos de arrendamiento con la normativa actual, detalló que «el plazo mínimo es de tres años» y sobre la actualización del precio, puntualizó que «la única forma es una indexación anual».
«El mayor problema está ahí, en la actualización», afirmó y precisó que «con una inflación prevista para este año, que va a superar el 55%, si el alquiler está planchado durante un año, eso espanta al inversor». En consecuencia, recalcó que «se parte de un alquiler superior al que sería el alquiler de mercado» y a modo de ejemplo, subrayó que «yo vi que en julio de 2020, cuando empezó la nueva ley, para un inmueble de 30.000 pesos, en agosto el propietario ya pedía entre $40.000 y $45.000 para alquilarlo».
En ese punto, señaló que «el primer año dio una indexación del 70%» e hizo hincapié en que «incluso superó a la inflación», que terminó el 2021 en 50,9%. Además, agregó que «se calcula que se retiró un 40% de la oferta de alquiler de vivienda» y aseguró que «los inquilinos fueron los primeros sorprendidos con la primera indexación anual que fue tremenda».
¿Qué cambios deberían aplicarse a la ley de alquileres?
En ese marco, respecto a cuáles son los cambios que se reclaman, Abatti explicó que el primero es que la duración de los contratos vuelva a ser de dos años y que las actualizaciones de los valores sean cada seis meses, es decir, «en forma escalonada», señaló. Luego puso el foco nuevamente en el tributo a la vivienda vacía y cuestionó que «hay quienes dicen que es un impuesto que se aplica en Berlín, pero en Alemania la inflación que hay en un año, en Argentina se da en 15 días». Además añadió que «el mayor propietario de las viviendas en alquiler es el Estado no un particular».
