La Causa Vialidad que tiene a Cristina Fernández de Kirchner como líder de una supuesta asociación ilícita, sigue su marcha. Los encargados de llevar a cabo la investigación siguen recolectado declaraciones y pruebas que muestren las irregularidades en la gestión de la actual Vicepresidenta. Algunas evidencias se conocieron esta semana tras la presentación de un testigo.
La acusación que tiene Cristina Kirchner es por favorecer, durante su administración, a Lázaro Báez con licitaciones del Gobierno nacional. Es por eso que han pasado muchos testigos para brindar sus experiencias. Ente los que fueron a Comodoro Py y dieron testimonio están Aníbal Fernández, Alberto Fernández y Sergio Massa. Los tres defendieron a la exmandataria y desconocieron cualquier tipo de irregularidad.
Sin embargo no fueron los únicos y otros testigos sí acusaron a Cristina Kirchner y no sólo eso, sino que brindaron pruebas de la asociación ilícita. Una de las muestras del arreglo entre el Gobierno y Austral Construcciones es que el presupuesto que tenía pautado el Estado era el mismo que presentaba la empresa de Lázaro Báez a la hora de licitar la obra pública.
El ejemplo se vio en la construcción de la ruta provincial 9. El Gobierno había «estimado» destinar $238.248.064,42 y justamente era el monto que enviaba Lázaro Báez en su licitación. Otro caso muy evidente es el del inspector. El encargado en analizar las propuestas y confirmar que se esté llevando a cabo lo pactado, en los documentos, estaba en tres lugares diferentes al mismo tiempo.
Daniel López Geraldi estuvo presente en el acto de apertura de ambas licitaciones el 12 de abril de 2007 a las 11 de la mañana. El problema es que el archivo marca que ese mismo dia y a la misma hora estaba en una obra a más de 600 kilómetros. Al mismo tiempo Austral Construcciones compraba pliegos para presentarse a la licitación 20 días antes de que salga oficialmente desde el Gobierno.
