El pasado 16 de diciembre, la Corte Suprema de Justicia derogó la Ley del Consejo de la Magistratura que ahora debe ser tratado nuevamente. Sin embargo, esto no es un detalle menor para el ministro de Justicia, Martín Soria, quien arremetió contra el máximo tribunal durante una exposición y denunció que tomaron esa medida para someter a los demás organismos.
«El fallo es un acto político extorsivo. Nuestro objetivo es evitar esta extorsión con el tiempo que tenemos hasta dentro de cuatro semanas. Porque si no, el 16 de abril se producirá una tragedia institucional en la Argentina por la parálisis del Consejo de la Magistratura», indicó el funcionario. Además, advirtió que la Corte Suprema quiere «meterse por la ventana» a presidir este órgano según informó Télam.
En este mismo sentido, Soria remarcó que «el Congreso de la Nación está obligado a legislar bajo presión» teniendo en cuenta el fallo de la Corte. A su vez, definió eso como «una extorsión sin precedentes en la historia democrática del país que pone en jaque la división de poderes«. Quedan menos de 30 días para que la Cámara de Senadores debata y vote acerca de este proyecto de modificación.
El proyecto oficialista sobre el Consejo de la Magistratura
El principal tema a tener en cuenta es que el Consejo de la Magistratura se encarga de controlar la actividad de los jueces y sus sanciones. En caso de detectar alguna irregularidad o falencia lo denunciarán para que la justicia funcione del modo correcto. Es por esto que la presencia de la Corte Suprema allí no sería lo más justo para el organismo.
Por su parte, el Frente de Todos propone elevar de 13 a 17 miembros el órgano. Ellos serían dos abogados, un juez y un miembro del ámbito académico y científico además de que haya perspectiva de género dentro de la elección del personal. Sumado a esto, debería haber seis representantes del Poder Legislativo (tres diputados y tres senadores) formando parte del control sobre los mencionados.
