Una muy ajustada mayoría de los electores de Uruguay se pronunció el domingo, en referendo, a favor de mantener vigentes decenas de artículos de una amplia ley de reformas impulsadas por el presidente Luis Lacalle Pou y considerada crucial para el desarrollo de su programa de gobierno.
La postura favorable a la continuidad de la vigencia de esos artículos, es decir, el No, obtenía 51,17% de los votos contra 48,82% de la derogación, el Sí, cuando se había completado 97,37% del escrutinio, según los datos oficiales del país vecino, informó Télam.
El porcentaje de votos por la vigencia de la norma incluía 1,32% de votos en blanco, que, de acuerdo con las reglas de la consulta, son considerados a favor de esa postura. Al conocerse esos guarismos, cientos de partidarios del oficialismo salieron a las calles de Montevideo a celebrarlos y a concentrarse en la plaza Independencia.
En la consulta se votó a favor de derogar o ratificar 135 de los 476 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC). Fue sancionada en 2020 y generó reformas en varias áreas, incluyendo educación, seguridad, trabajo, administración pública y finanzas. Votó 85% de las más de 2,6 millones de personas que estaban habilitadas, informó la Corte Electoral.
Sin embargo, el presidente del Frente Amplio -opositor de izquierda-, Fernando Pereira, se negó a reconocer la derrota y advirtió que «a esta hora no pueden decir que ganó el No», al pronunciar un discurso ante sus simpatizantes en la explanada de la intendencia de la capital.
Por su parte, el presidente de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) y dirigente de la Comisión por el Sí, José Olivera, dijo que los resultados mostraban un «mensaje político» para el gobierno y sostuvo que «no se puede seguir dando la espalda a la mitad de la población».
Ley de Urgente Consideración
Entre otras cuestiones, limita el derecho de huelga, declara ilegítimos a los piquetes en espacios públicos o privados que «afecten la libre circulación de personas, bienes o servicios», establece la figura de la «apariencia delictiva» y aumenta el límite de transacciones en efectivo hasta 100.000 dólares, lo que algunos sectores consideran que habilita el lavado de dinero y permite la evasión de impuestos.
Además, elimina la obligación de la educación inicial y recorta las funciones del Estado en el área, crea una modalidad de desalojo exprés de viviendas alquiladas y evita el modelo cooperativo de construcciones de casas, y habilita el cierre y/o la privatización de áreas estratégicas de la petrolera estatal Ancap.
Por la complejidad de lo que se votó se trató de una campaña atípica: hubo que explicar el contenido de decenas de artículos de una ley extensa. Por eso, más que de grandes actos, se trató de una tarea cara a cara, de concientización en pequeños encuentros, de mucha presencia en medios y de charlas-debates en los ámbitos en los que se pudiese.
