El kirchnerismo celebró este sábado el 10º aniversario de la expropiación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF). Se trató de la “recuperación” del 51% de la petrolera nacional el 16 de abril de 2012 a través de un decreto que luego se convirtió en ley. De esta manera, el Estado nacionalizó la mayoría accionaria de la compañía, que en ese momento estaba en manos de Repsol. No obstante, la firma hoy vale 75% menos y afronta un multimillonario juicio.
La idea de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner era revertir la caída en la producción de petróleo y gas que caracterizó al último tramo de la gestión privada, encabezada por Repsol y la familia Eskenazi, según recordó NA. En tanto, los rumores sobre un desembarco del Estado nacional en YPF comenzaron a brotar cerca de 28 de enero de 2012.
Actualmente, la acción de YPF está en los 5 dólares desde la invasión de Rusia a Ucrania, una movida que permitió mejorar las cotizaciones de la mayoría de las petroleras occidentales. De todas formas, la valuación bursátil de la compañía está en torno a los 3.400 millones de dólares, una quinta parte de lo que valía hace 10 años, lo cual es un efecto negativo.
“Ahora Vaca Muerta es nuestro”
Cabe recordar que semanas atrás, la vicepresidenta defendió la expropiación de la petrolera durante su segundo mandato como Presidenta, como una forma de reivindicación de su decisión: “Ahora Vaca Muerta es nuestro”, remarcó. En este sentido, los recursos que tiene la Argentina en energía y alimentos “son casi un botín de guerra”, indicó Cristina en un acto el pasado 2 de abril.
En esta misma línea, la titular del Senado aseguró que “no habría Vaca Muerta ni soberanía hidrocarburífera” de no ser por las medidas tomadas: “Se deben revalorizar nuestras reservas de gas y petróleo”. Vale mencionar que Vaca Muerta es la segunda reserva más grande del mundo en gas no convencional y la cuarta más grande en petróleo no convencional.
El paso de los años
En 2012, cuando se expropió YPF, Vaca Muerta apenas atravesaba sus primeras etapas de pozos exploratorios, pero los técnicos ya veían gran calidad de la “roca”, más allá que faltaban inversiones. El primer desarrollo millonario allí fue de la firma estatal asociada con su par estadounidense Chevron. El acuerdo -que contenía polémicas cláusulas secretas- impulsó Loma Campana desde 2013.
En 2014, la producción de petróleo y gas del país fue la más baja desde 2003, pero Vaca Muerta comenzó a morder con cierta participación sobre la producción de petróleo. Al principio, a las petroleras les costaba que los pozos fueran redituables, porque sus gastos eran muy altos, pero a medida que hubo más escala, se alcanzó mayor producción. En 2015, la participación de Vaca Muerta sobre el total de la producción no superaba el dígito y en 2022 ya representa casi un 40% de la producción.
Es pertinente remarcar que Argentina posee más gas que petróleo, pero hay un cuello de botella para transportarlo, por lo que la producción petrolera viene mucha más dinámica que la de gas. Ieasa (la ex Enarsa) espera tener listo un gasoducto para el próximo invierno, al tiempo que las empresas dicen que podrían duplicar su producción actual de ese fluido.
Entre manos privadas y un multimillonario juicio
La estatización del 51% de YPF despojó a Repsol de su control, pero también afectó a la familia Eskenazi. Ese grupo nacional llegó a controlar el 25% de la empresa, que fue perdiendo su participación porque no pudo abonar los préstamos que le estaba pagando a Repsol con las mismas ganancias que generaba la petrolera nacional. Petersen Energía, la sociedad de los Eskenazi, se había constituido en España, donde fue a la quiebra.
El fondo Burford -que se dedica a litigar activos en liquidación y busca apuestas arriesgadas y de altas ganancias- compró los derechos para los juicios que tuviera Petersen contra el Estado argentino, dueño del 51% de la firma, y se presentó en la justicia de Nueva York, que es el ámbito en que se dirimen estas controversias. Al estar listada en Wall Street, YPF acepta las regulaciones estadounidenses al respecto.
El pleito lleva varios años, pero hay una posibilidad de que haya una sentencia a mediados de año. El reclamo se basa en que el Estado argentino debería haber hecho una oferta pública y haberles pagado por el 25% de las acciones que tenían. Sebastián Maril, especialista que mejor conoce el juicio, destacó que un experto consultado estimó que la Argentina podría terminar pagando 8.400 millones de dólares a Burford (por los derechos de Petersen) y a Eton Park, otro fondo que era el tercer accionista de la petrolera.
La promesa (¿incumplida?) de Kicillof
El exministro de Economía de la Nación y actual gobernador bonaerense, Axel Kicillof, prometió no pagar por la expropiación lo que querían sus exaccionistas, pero dos años después de consumada, llegó a un entendimiento con Repsol. Fue así que el Tesoro le pagó 5.000 millones de dólares en bonos a la petrolera española.
Cómo sigue el juicio
El jueves pasado venció el plazo para que cada parte presente un escrito pidiendo al tribunal estadounidense que dicte un fallo sumario a su favor. El reclamo de Burford y Eton -los 8.400 millones en divisa norteamericana- podría trepar hasta los 19.665 millones de dólares con el pago de intereses.
Frente a ello, el Estado argentino e YPF consideran que esa cifra no tiene fundamentos, y que la metodología utilizada para realizar el cálculo de daños es defectuosa. Ya presentados los escritos que piden una sentencia sumaria, ahora vienen posteriores escritos de oposición, que están previstos para el 26 de mayo, y la réplica, pactada para el 23 de junio de este año.
La jueza Loretta Preska no está sujeta a ningún plazo para emitir su fallo y debe resolver si la Argentina e YPF son responsables de aquello que les reclaman los fondos. La defensa de nuestro país entiende que, aún si fueran declarados responsables de haber procedido incorrectamente sobre los derechos de Petersen Energía, el monto a pagar por los supuestos daños corresponde a una etapa posterior a este proceso.
Los abogados de Procuración del Tesoro e YPF también sostienen que la sentencia, en el momento que ocurra, puede ser apelada a la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito. De esta manera, Burford se podría quedar con el 70% de lo obtenido en el juicio, mientras que hay un 30% de las eventuales ganancias que repartirá con un socio, cuyo nombre nunca fue revelado.
