Un grupo de 17 gobernadores emitió un documento titulado “El federalismo no se negocia” con advertencias a la Corte Suprema. Allí, manifestaron la preocupación por la “injerencia indebida» por parte del máximo tribunal en la causa iniciada por la coparticipación de CABA, por los recursos otorgados en el traspaso de la Policía Federal a la órbita porteña. La maniobra se inició durante la gestión de Mauricio Macri y luego el actual gobierno la modificó.
El documento fue publicado este miércoles, antes de la reunión entre el Gobierno nacional y el de la Ciudad para acordar los fondos destinados al traspaso de la Policía Federal al ámbito porteño, que no llegó a un acuerdo. Si Nación y CABA no llegan a un acuerdo para hoy, los cuatro miembros de la Corte serán los encargados de determinar la sentencia. Los gobernadores piden ser amicus curiae, es decir, terceros ajenos a la disputa que aportan argumentos que pueden servir como elementos de juicio.
¿Qué dice el documento?
«Las provincias argentinas observamos con suma preocupación el inminente fallo del máximo tribunal en virtud del vencimiento del plazo establecido para la conciliación entre las partes», expone el documento. «No existe razón alguna para pretender modificar la transferencia de recursos alterando el plexo normativo constitucional precisamente de parte de aquellos que deberían ser sus celosos custodios».
«La Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es una provincia. Las provincias argentinas estamos cansadas de la discriminación centralista. ¡Las provincias decimos basta! No aceptamos más decisiones que violen flagrantemente nuestro federalismo», reclamaron los gobernadores. También señalaron que el Gobierno porteño reclama “recursos que no le corresponden”.
Irregularidades que favorecieron a CABA
Posteriormente, hicieron mención a las maniobras judiciales irregulares que favorecieron a la CABA. “Cuando se sanciona la ley 23.548 de coparticipación federal de impuestos que promueve la distribución primaria y secundaria de los recursos coparticipables, existía la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires que era financiada completamente con recursos pertenecientes al estado nacional”.
“Después de la reforma constitucional de 1994, y en virtud del decreto 705/2003 se aplica un coeficiente equivalente al 1,4 % del monto total recaudado en el artículo 2° de la ley 23548 y modificatorias que fue modificado de una manera injusta e injustificada por el decreto 194/2016 (que firmó Mauricio Macri) elevando el coeficiente al 3,75%”, sostuvieron.
Una veintena de provincias aprobó la semana pasada el informe técnico de la Comisión Nacional de Impuestos (CFI) por los fondos sobre el traspaso de la Policía a la Ciudad de Buenos Aires en 2016. Se estableció en 11.000 millones de pesos el monto de esa operación, contradiciendo así la justificación del Gobierno porteño que fijó esa maniobra en más de 18.000 millones de pesos.
Los firmantes
Los firmantes son: Axel Kicillof, Buenos Aires; Raúl Jalil, Catamarca; Jorge Capitanich, Chaco; Mariano Arcioni, Chubut; Gustavo Bordet, Entre Ríos; Gildo Insfrán, Formosa; Sergio Ziliotto, La Pampa; Ricardo Quintela, La Rioja. También, Oscar Herrera Ahuad, Misiones; Gustavo Sáenz, Salta; Sergio Uñac, San Juan; Alberto Rodríguez Saá, San Luis; Alicia Kirchner, Santa Cruz; Omar Perotti, Santa Fe; Gerardo Zamora, Santiago del Estero; Gustavo Melella, Tierra del Fuego; y Osvaldo Jaldo, Tucumán.
