Este miércoles, Ecuador se negó a derogar el estado de excepción que rige en seis provincias, tal como solicitó el movimiento indígena para poner fin a las protestas con bloqueos de rutas que desde hace 10 días paralizan el país que gobierna el presidente Guillermo Lasso, y denunció que 18 policías están «desaparecidos» tras un ataque en la Amazonia ecuatoriana.
«No podemos levantar el estado de excepción porque eso es dejar indefensa a la capital, y ya sabemos lo que sucedió en octubre de 2019 y no lo vamos a permitir», dijo el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez. El funcionario se refirió así al paro convocado hace tres años por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), en el que 11 manifestantes murieron, más de 1.500 resultaron heridos y 1.330 fueron detenidos, informó Télam.
El presidente de la Conaie, Leonidas Iza, condicionó el martes el diálogo con el Gobierno a la derogación del estado de excepción y la «desmilitarización» de un parque de Quito donde tradicionalmente se concentran los indígenas cuando protestan en la capital, y que está actualmente bajo control de uniformados.
La Conaie, que movilizó al menos a 10.000 indígenas a Quito, cientos de los cuales chocaron violentamente con la policía en los últimos días, pide principalmente la reducción de los precios de los combustibles. Un total de 18 agentes se hallan «desaparecidos» tras un ataque de indígenas contra instalaciones policiales ocurrido ayer en Puyo, en la Amazonia ecuatoriana, denunció el ministro del Interior, Patricio Carrillo.
El ataque también dejó un manifestante fallecido, elevando a dos el número de víctimas en las protestas que llevan ya 10 días. Otros seis policías resultaron «heridos con traumas severos y con perdigones» y tres más fueron retenidos por indígenas. «Hay 18 policías desaparecidos», dijo el ministro.
La Conaie reclama rebajar el precio de los combustibles, un control de precios a los productos agrícolas para mejorar sus economías familiares, empleo y más presupuesto para salud y educación, además de una moratoria de un año para el pago de créditos con la banca y suspensión de concesiones mineras en sus territorios.
