Este jueves se cumple el segundo aniversario de la fiesta del cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yáñez, en la Quinta de Olivos, en plena cuarentena obligatoria por la pandemia de coronavirus. Se trata del episodio conocido como “Olivosgate” y que tiene virtualmente terminados sus efectos judiciales. No obstante, el caso sigue erosionando al gobierno del Frente de Todos por sus consecuencias políticas.
El caso
Yáñez celebró su cumpleaños el 14 de julio de 2020, momento en que la Argentina estaba virtualmente paralizada para reducir la cadena de contagios que causaron más de 100.000 muertes. En ese marco, se llevó adelante una cena a la que asistieron 11 personas, entre ellas su pareja, el presidente Alberto Fernández, el mismo que decretó el confinamiento y, entre otras medidas, la prohibición de reuniones clandestinas.
Los asistentes a la fiesta de Yáñez
El resto de los comensales fueron Emmanuel López; su pareja, Fernando Consagra; las hermanas Rocío y Florencia Fernández Peruilh, Santiago Basavilbaso y Stefanía Domínguez, Sofía Pacchi, Federico Abraham y Carolina Marafioti, todos vinculados con Yáñez. Todos ellos se retiraron de la Quinta Presidencial alrededor de las dos de la madrugada del día siguiente, según consignó el sitio Chequeado.
La causa: quiénes están complicados y quiénes se salvaron
La filtración de las fotografías y los videos de la celebración fueron una de las causas de la derrota electoral del Frente de Todos en las elecciones legislativas 2021, según un análisis de opinión pública de los que dispone el Gobierno. Del total de los asistentes a la celebración, sólo tres permanecen con riesgo de ser condenados las hermanas Fernández Peruilh y Domínguez, quienes ya fueron indagadas por el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli.
Todos los demás, incluso Pacchi, exasesora de Yáñez –quien también fue indagada–, ofrecieron una “reparación integral del daño” causado con la asistencia a la fiesta de cumpleaños. De hecho, los anfitriones de la velada –el mandatario y la Primera Dama– adoptaron ese mecanismo, mediante el cual terminaron desembolsando $ 3 millones que fueron entregados a hospitales e instituciones sanitarias.
Lo hicieron después de que la Justicia rechazara, en el caso del presidente Fernández, una presentación en la que consideraba que su conducta había sido “atípica” y, por lo tanto, no punible porque no se había propagado el virus en esa reunión. El resto de los asistentes pagaron en concepto de reparación cifras de entre $ 200.000 y $ 250.000, también a instituciones sanitarias.
La oferta de Pacchi, de $ 250.000, aún no recibió homologación del juez Mirabelli ni del fiscal Fernando Domínguez. En todos los casos, una vez que el magistrado de San Isidro acepte los acuerdos y acreditado el cumplimiento de lo estipulado en ellos, los imputados quedarán sobreseídos por aplicación de uno de los mecanismos alternativos a la solución de conflictos judiciales.
