Tras una semana de protestas en el microcentro porteño, que tuvo su momento central con el acampe de miércoles a jueves, comienza una etapa decisiva en el Gobierno nacional. Movimientos y organizaciones sociales, nucleados en la Unidad Piquetera, volvieron a exigir una actualización de los montos que perciben los beneficiarios del plan Potenciar Trabajo y un bono de emergencia de $ 20.000. En este marco, desde la Casa Rosada arranca el operativo “reordenamiento” de asistencias estatales.
Es que la administración de Alberto Fernández iniciará esta semana, mediante la Universidad de Buenos Aires (UBA) y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), las auditorías sobre la aplicación de Potenciar Trabajo, por medio de relevamientos en la provincia de Buenos Aires. Se relevarán, entre otros datos, la situación socio-laboral y productiva de las unidades de gestión y de los beneficiarios, consignó Télam.
Así quedó definido luego de una reunión entre el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, con intendentes y funcionarios municipales de la Primera y Tercera sección electoral. El viceministro de la cartera, Gustavo Aguilera, remarcó que la auditoría de las actividades del Potenciar Trabajo abarca a 1.300.000 titulares, y “la idea es tener más y mejor información sobre cada uno de ellos”.
“Queremos saber su historia educativa, así como conocer más su trayectoria laboral, si tiene algún oficio, lo que permitirá avanzar en la transparencia y generar condiciones para que el que trabaje puedo hacerlo de la mejor manera, y para que el que no trabaja, pueda capacitarse o estudiar”, puntualizó el funcionario. Al mismo tiempo, insistió en que si el beneficiario “no hace ninguna de estas cosas, no va a recibir más el Potenciar Trabajo”.
Cómo será el relevamiento sobre beneficiarios de Potenciar Trabajo
Los estudiantes de las universidades que realizarán los relevamientos comenzarán la semana próxima con las capacitaciones, en tanto que durante la subsiguiente arrancarán los operativos en territorio bonaerense. Habrá distintas modalidades: por un lado, los encuestadores visitarán los lugares donde los beneficiarios trabajan; por el otro, habrá convocatorias específicas en clubes, predios o universidades.
Los beneficiarios de Potenciar Trabajo, cuya participación es obligatoria en la auditoría, deberán responder un cuestionario de alrededor de 30 de preguntas sobre capacitación laboral, nivel educativo y datos de la composición familiar, entre otros. Asimismo, se les preguntará sobre su situación habitacional, socio-educativa, y, puntualmente, por la unidad de gestión a la que reportan actualmente.
El relevamiento además permitirá diseñar estrategias para “fortalecer” las iniciativas del Potenciar Trabajo, apoyadas en cinco ejes: socio-productivas, comunitarias, laborales, de terminalidad educativa y de formación laboral. “Esto es parte de lo que iniciamos hace un año: abrimos un mecanismo para que las personas puedan cambiar de Unidad de Gestión, financiamos proyectos productivos para acompañar el retorno al empleo genuino y ahora vamos a sumar información para mejorar esta política pública”, precisó Zabaleta.
El aviso de Massa sobre los planes sociales
Días atrás, al presentar sus primeras medidas al frente del Ministerio de Economía, Sergio Massa ratificó que el Gobierno avanzará en un reordenamiento de los planes. Habló de un proceso a desplegar durante los próximos 12 meses, que comenzará en los próximos días con el inicio de la auditoría. “No vamos a tolerar su uso mediático ni la creciente estigmatización a quienes perciben un Salario Social Complementario”, sostuvo el secretario gremial de la UTEP y dirigente del Movimiento Evita, Gildo Onorato.
En esta línea, Onorato agregó: “Estamos de acuerdo con el proceso de auditorías que comenzará. Los movimientos populares vamos a colaborar con que Potenciar Trabajo tenga la mayor transparencia posible. Para eso es necesario que las auditorias se realicen al conjunto de las organizaciones sociales, ONGs, municipios, gobiernos provinciales e iglesias que son parte de la ejecución del programa”, afirmó el dirigente.
Sobre la metodología a implementar, agregó que “para que las auditorías sean lo más reales posibles, es fundamental que se realicen en las diversas unidades productivas, cooperativas, espacios comunitarios o empresas recuperadas donde los trabajadores y trabajadoras de la economía popular realizan su labor”. Y expresó que “es fundamental aplicar políticas de transparencia”, concluyó.
