El expresidente de Bolivia, Evo Morales, defendió a Cristina Kirchner y apuntó contra «el lawfare». Como ya hizo en otras oportunidades, el dirigente afirmó que el lawfare es un «arma política de la derecha interna y externa contra dirigentes que defienden al pueblo». Expresó su «solidaridad» con la vicepresidenta en el marco del juicio oral en el que se investiga si hubo direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz.
Los posteos de Evo Morales
«En Argentina, como pasó en Brasil en 2018 con el hermano @LulaOficial que fue víctima de un juez corrupto, se vive una ofensiva judicial en contra de la hermana @CFKArgentina. El ‘lawfare’ es arma política de la derecha interna y externa contra dirigentes que defienden al pueblo», expresó Evo Morales a través de su cuenta de Twitter.
«Reiteramos nuestra solidaridad y apoyo a la hermana @CFKArgentina. Conocemos como dirigentes lo que significa ser perseguidos jurídicamente por derechistas que buscan eliminarnos políticamente. Nuestra defensa siempre será con la conciencia del pueblo, la verdad y la honestidad», agregó el exmandatario boliviano, quien afrontó un golpe de Estado en noviembre de 2019.
«El lawfare no existe»
El viernes, en la octava jornada de alegatos, uno de los fiscales del juicio oral en el que se investiga si hubo direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz, Sergio Mola, dijo que el ‘lawfare’ «como construcción jurídica no existe y no es más que un entramado político que busca desacreditar hechos graves de corrupción».
Según el funcionario, «esto ha tenido un buen marketing pero no es más que un entramado que tiende a desacreditar las investigaciones penales por corrupción». De este modo, el asistente judicial indicó que se ha tratado de equiparar el juicio contra Cristina Kirchner con otros hechos de persecución política históricos, como los ocurridos durante la última dictadura militar.
Qué se viene en el juicio
Los fiscales Diego Luciani y Mola ya anticiparon que culminarán su exposición la semana que viene con pedidos de condena para los trece imputados de la causa, entre los que se encuentra la vicepresidenta Fernández de Kirchner. El Tribunal Oral Federal número 2 puede pedir una condena de 6 a 15 años de prisión, al estar acusada de ser jefa de asociación ilícita y cometer fraude contra el Estado.
Cuando finalicen los alegatos de las fiscalía, los abogados defensores buscarán, a partir del 22 de agosto, utilizar en su favor todo lo ocurrido durante el juicio que lleva más de tres años. Según Télam, testigos de los más variados rechazaron que hubiera habido irregularidades en la asignación de obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015, tal como sostuvo el fiscal Diego Luciani en todas las jornadas de alegatos.
