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POLÍTICA

Intendentes de todo el país denuncian “persecución judicial” contra Cristina Kirchner

Los jefes comunales sostienen que se trata de una jugada del Poder Judicial “con la activa participacion de numerosos medios de comunicación”.

Cristina Kirchner

Alrededor de 500 intendentes de toda la Argentina se manifestaron este domingo en apoyo a Cristina Kirchner. Es ante la “persecución judicial” que acecha a la vicepresidenta, en el marco del juicio de la Causa Vialidad. A la exmandataria se la acusa de presunta corrupción, mediante una asociación ilícita integrada, entre otros, por el empresario de la construcción patagónico Lázaro Báez, en la obra pública en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015.

Por medio de un comunicado, jefes comunales de distintos lugares del país aseguraron que el juicio oral que Cristina Kirchner enfrenta por el posible desvió de fondos públicos en favor de Báez durante su etapa como mandataria representan –en realidad– un intento por proscribirla de la actividad política. Asimismo, consideraron que la “persecución judicial” sobre ella viene de la mano “con la activa participacion de numerosos medios de comunicación”.

Esto, sostienen en el escrito, “constituye una práctica violatoria de los derechos humanos que, bajo el maquillaje de la aplicación de la justicia, pretende condicionar, invisibilizar y anular social y políticamente”, apuntaron. En ese sentido, exteriorizaron –en representación de “Los Intendentes del Interior del país”– “la preocupación frente a la utilización del sistema judicial como un mecanismo de estigmatización, de condicionamiento y disciplinamiento social”.

El texto cuenta con la firma de jefes comunales de las provincias de Jujuy (8), Catamarca (17), Tucumán (38), Salta (4), Santiago del Estero (158), Corrientes (8), Chaco (47), Formosa (37), Misiones (1), Córdoba (55), Santa Fe (34), Entre Ríos (33), Mendoza (2), San Luis (1), San Juan (2), La Rioja (17), Chubut (9), La Pampa (7), Neuquén (4), Río Negro (8), Tierra del Fuego (3) y Santa Cruz (16), según NA.

Los intendentes concluyeron remarcando lo siguiente: “Las y los argentinos nos merecemos una Justicia a la altura de las circunstancias, de cara a la celebración de 40 años de democracia ininterrumpida en nuestro país. Y llamamos a la reflexión a la comunidad en su conjunto, para rechazar estas prácticas institucionales y consolidar la plena vigencia de los derechos humanos”.

El juicio contra Cristina Kirchner

La vicepresidenta Cristina Kirchner enfrenta este juicio oral por un supuesto redireccionamiento de la obra pública de Santa Cruz durante sus mandatos como presidenta (2007-2011 y 2011-2015) en favor de Báez, el empresario y exsocio comercial de los gobiernos kirchneristas. Actualmente, el empresario está condenado por otros casos de corrupción y bajo arresto domiciliario.

Se trata del primer juicio contra la vicepresidenta que llega hasta la etapa de los alegatos, la instancia previa a la sentencia donde el tribunal define la condena o la absolución. En el caso, se juzgan las irregularidades en las 51 obras públicas que las empresas de Báez recibieron para Santa Cruz de 2003 a 2015. Los acusados son 13 y, además de Báez y Cristina, aparecen Julio de Vido (exministro de Obras Públicas), José López (exsecretario de Obras Públicas, el mismo de los bolsos) y Nelson Periotti (extitular de Vialidad Nacional), entre otros.

La Fiscalía ya adelantó que entiende que la acusación se probó durante el juicio y que pedirá condena. En el último tiempo, sin embargo, se dieron a conocer imágenes del fiscal federal Diego Luciani y el juez Rodrigo Giménez Uriburu de la causa compartiendo equipo de fútbol en los torneos que el expresidente Mauricio Macri organiza en su quinta “Los Abrojos”, ubicada en la localidad de Los Polvorines, provincia de Buenos Aires.

Al respecto, Cristina aportó más información a través de una serie de tweets en donde profundizó sobre la relación de ambos con Macri y los abogados defensores hicieron el pedido formal para recusar tanto a Luciani como a Giménez Uriburu por la “existencia de relación personal” entre las partes y por “falta de imparcialidad”, lo que implicaba apartarlos del caso, algo que finalmente la Justicia denegó.