El pedido de condena contra Cristina Kirchner en el marco del juicio de la Causa Vialidad hizo reaccionar no solo a la vicepresidenta sino al kirchnerismo en sí. En este marco, la expresidenta, para quien los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola piden 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, trama un plan para “zafar” de una posible sentencia.
La defensa de la vicepresidenta insistió este jueves en su pedido de apartamiento de los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu y de los fiscales Luciani y Mola. En este sentido, el abogado Carlos Beraldi presentó un escrito ante el propio tribunal oral que lleva adelante el juicio a fin de que sea la Cámara Federal de Casación Penal la que revise la decisión de los magistrados de rechazar sus propias recusaciones y la de los fiscales, consignó NA.
Lo habitual en estos casos es que los jueces rechacen las recusaciones y se eleve esa decisión en consulta a la instancia superior. Pero el tribunal oral se consideró a sí mismo instancia superior y ratificó el rechazo a las recusaciones. Ante ello, Beraldi apeló la medida y ahora los propios jueces deben decidir si admiten el recurso y lo elevan a la Cámara Federal de Casación para que los ratifique o, eventualmente, haga lugar al planteo de la defensa y los aparte.
Otros imputados, entre ellos el empresario Lázaro Báez, también presentaron recursos para que la máxima instancia penal del país se pronuncie sobre la continuidad o no de los recusados. Cabe remarcar que al exmano derecha de Néstor Kirchner también lo investigan por integrar -junto a Cristina- una supuesta asociación ilícita en torno a la obra pública en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015.
El Tribunal que juzga a Cristina Kirchner rechazó unificar otras causas en su contra
El mismo Tribunal que juzga a la vicepresidenta por la causa de la obra pública rechazó este jueves hacerse cargo de otro expediente por presunto lavado de activos vinculado con el caso Vialidad. Se trata de un expediente que tiene por principal imputado al financista Ernesto Clarens y viene tramitando ante el Tribunal Oral Federal Nº 5, que se la envió al Nº 2 por razones de “conexidad”.
“Los hechos investigados en este proceso, calificados bajo el tipo penal (lavado) tenían como delito precedente la defraudación a la administración pública” por la que juzgan tanto a Cristina Kirchner como a Báez y otros imputados. Se trata de un desprendimiento de la causa que está actualmente en juicio, por otros hechos de presunta corrupción vinculados con la obra púbica en territorio santacruceño.
“La plataforma fáctica delimitada por el fiscal de instrucción era clara en cuanto afirmaba que Lázaro Báez y Ernesto Clarens, valiéndose de la colaboración de los restantes imputados, cimentaron e implementaron una estructura destinada a reciclar una porción importante de los fondos públicos sustraídos fraudulentamente al Estado Nacional a través de la obra pública vial”, sostuvo el tribunal que pretende desprenderse de esa causa.
Así, entendieron que el tribunal oral dos “se presentaba como el más apto para entender en las actuaciones porque ‘la maniobra trascendente resulta ser la que está siendo –y será– motivo de debate en los estrados de aquella sede’ (en referencia a los hechos de la causa cuyo juicio se encuentra próximo a concluir)”. Pero Giménez Uriburu, Gorini y Fabián Basso rechazaron la competencia.
Argumentaron que “la alegada conveniencia de que ambos procesos tramiten en forma conjunta será refutada guiados por la convicción de que la acumulación que proponen atentaría abiertamente contra una mejor y más pronta administración de justicia”. “Conocemos lo suficiente las dimensiones y los alcances de los hechos y es en base a esa experiencia que nos consideramos facultados a afirmar que sería sumamente imprudente unificar los dos procesos”, indicaron los magistrados.
Además, sostuvieron que “ante la eventualidad de que una contienda concluyese en la decisión de que deben tramitar ambos procesos en forma conjunta, el tribunal competente para intervenir sería el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 5”. Ahora será la Cámara Federal de Casación la encargada de determinar si ambos expedientes se unifican o continúan tramitando por separado.
