El procurador interino Eduardo Casal pidió ante la Corte Suprema de Justicia que se dé marcha atrás con la suspensión del proceso de quiebra del “Correo Argentino S.A.”, dictada en segunda instancia. En mayo pasado, la sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial dio lugar al pedido de los abogados de la causa Correo Argentino para suspenderla hasta tanto se dirimiera una cuestión de competencia.
La fiscal del proceso Gabriela Boquin recurrió, según Télam, a la decisión por considerar que se había “omitido” la intervención del Ministerio Público Fiscal. Por tanto, según ella, la suspensión era ilegal. Casal, jefe de los fiscales, apoyó en su dictamen firmado el jueves pasado los argumentos de Boquin en cuanto a que suspender el trámite. “Implica una dilación indebida, viola la garantía de plazo razonable y supone una privación de justicia”, argumentó.
Algunas de las razones que expone el procurador para cuestionar la suspensión de la causa Correo Argentino es que no lo dejaron intervenir en dicho pedido. Además, no existen leyes que habiliten la suspensión de una quiebra, lo que revelaría el tratamiento privilegiado de la causa y de la familia Macri. De hecho, la integrante de la Sala B, Guadalupe Vázquez, indicó que la decisión se contradice con la Ley de Concursos y Quiebras.
El procurador general, quien asumió durante el macrismo por la renuncia de la procuradora Alejandra Gils Carbó, mencionó en su momento que el fallo “contradice resoluciones anteriores de la propia Sala y peticiones de la concursada afectándose el principio de congruencia”. “Estimo que omitir dar vista al Ministerio Público Fiscal, con carácter previo a dictar la resolución que ordenó la suspensión del proceso falencial, afectó sus competencias fijadas en la Constitución Nacional”, señaló inequívocamente Casal.
Posibles futuros de la causa Correo Argentino
Ahora, la Corte Suprema, sin plazo ni obligación de seguir la postura de Casal, deberá fallar y levantar la quiebra. La otra opción es sostener la suspensión como pidieron los representantes de la familia Macri, beneficiaria de la concesión del servicio de correos. De fallarse a favor del ex presidente y su grupo familiar, el caso pasaría a la Justicia porteña, aliada con Mauricio Macri.
Por un lado, al Tribunal Superior de Justicia porteño (TSJ) lo preside Inés Weinberg, quien fue propuesta por el ex jefe de Estado para ser procuradora general de la Nación. Santiago Otamendi es su segundo integrante y, casualmente, ex viceministro de Justicia durante el Gobierno de Cambiemos. Por ese motivo, la Cámara Comercial rechaza la intervención del tribunal en la causa que ya lleva 21 años de historia.
