Tras haber obtenido media sanción de parte de la Cámara de Diputados, el proyecto de integración socio urbana de barrios populares pasó al Senado. Luego del debate se llevó adelante la votación y con 64 votos afirmativos y uno en contra se le dio la aprobación total a la iniciativa que, entre otros artículos, prohíbe por 10 años el desalojo en los barrios populares.
El objetivo de la ley es urbanizar esos barrios, a través de «la mejora y ampliación del equipamiento social y de la infraestructura, el acceso a los servicios, el tratamiento de los espacios libres y públicos, la eliminación de barreras urbanas, la mejora en la accesibilidad y conectividad, el saneamiento y mitigación ambiental, el fortalecimiento de las actividades económicas familiares, el redimensionamiento parcelario, la seguridad en la tenencia y la regularización dominial».
Además, se declaró la emergencia socioambiental de los barrios populares. Así, se busca agilizar los procesos administrativos para llevar a cabo las obras de infraestructura en servicios públicos y los distintos programas de urbanización. Esta normativa vencía a finales de octubre y por eso se llevó su tratativa en una sesión especial.
El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Guillermo Snopek fue de los primeros en hablar y recordó de que se trata esta iniciativa. «Esta ley vence a fines de octubre y ha cambiado poco esta realidad, se ha acentuado. Las dificultades habitacionales en el país están complicadas. Necesitamos la Ley para actualizar el registro de los barrios», reconoció según NA.
En este mismo sentido, el representante del Frente de Todos en el Senado buscó «darle tranquilidad a los argentinos que penden de una orden de desalojo» que no serán movidos de sus hogares. Se estima que cerca de 5 millones de personas han sido alcanzadas por esta propuesta que eleva de 4.416 barrios a 5.687 asentamientos populares.
