El Gobierno nacional impulsó un decreto que prohíbe renovar los planes sociales que se den de baja y abrir nuevos cupos, lo que puso en alerta a las cooperativas. Sin embargo, en la misma sanción, el texto le entrega a los movimientos sociales el manejo de hasta $300 millones de presupuesto de la obra pública. Con esto, un tercio del monto total pasará a ser maniobrado por las agrupaciones.
Según indica el decreto 728/2022 que se publicó en el Boletín Oficial, el artículo 4 es el que da luz verde a esta decisión, avalada por el presidente Alberto Fernández. Este propone: «Promuévese en favor de las Cooperativas de Trabajo de la Economía Popular el otorgamiento del TREINTA POR CIENTO (30 %) de la Obra Pública Nacional bajo la modalidad de contratación que corresponda, en la realización de obras de hasta PESOS TRESCIENTOS MILLONES ($300.000.000)».
A su vez, el mismo párrafo aclara que el «monto que será actualizado conforme lo disponga la autoridad de aplicación, y tomando como indicativas las especialidades de dichas Cooperativas. En todos los casos la obra se realizará bajo la modalidad de contratación que corresponda». De este modo, el extraordinario número podría, incluso, aumentar.
Se respetará la “especialidad” de las Cooperativas del Trabajo de la Economía Popular para la adjudicación de obras y habrá diferentes modalidades de contratación. Acorde el decreto, la medida «contribuirá a establecer un marco coherente de políticas que promueven la formalización del trabajo» y promoverá la producción.
El Gobierno nacional limita los planes
En paralelo, el Gobierno nacional limita los planes con el objetivo de fomentar el empleo y de direccionar los recursos hacia la gestión productiva. En el artículo 6, se sanciona que no podrá ampliarse el número de titulares del Programa Nacional de Inclusión Socio-Productiva y Desarrollo Social «Potenciar Trabajo», «Potenciar Inclusión Joven», «Nexo» y «Plus Esencial».
«El ahorro que eventualmente se produzca será destinado a las unidades de gestión productiva, exclusivamente para la adquisición de bienes de capital», explica el decreto firmado por el presidente. Ello se da «en el marco de la normativa que rige los programas que prevén transferencias para dichos fines y de la que dicte la autoridad competente para su debida implementación».
