Este martes, los senadores de Bolivia iniciaron el debate sobre la ley de convocatoria al censo nacional, que ya recibió media sanción en la Cámara de Diputados y destrabó el conflicto de 36 días entre Santa Cruz de la Sierra y el Gobierno del presidente Luis Arce.
«Queda aprobada la moción de dispensación de trámite para el tratamiento del presente proyecto de ley; se decreta su consideración en sala. Vamos a iniciar el tratamiento de ley en sus dos estaciones: en grande (en general) y en detalle (en particular)», manifestó el presidente de la Cámara Alta, Andrónico Rodríguez, replicó Reuters.
El 22 de octubre pasado, el denominado «movimiento cívico» que agrupa a organizaciones y empresarios de Santa Cruz, bastión opositor de derecha y ultraderecha, además de motor económico del país, convocó a un paro por tiempo indefinido para modificar la fecha de realización del Censo de Población y Vivienda.
El relevamiento poblacional, que determina el reparto de recursos entre las regiones del país y la Constitución boliviana establece que debe realizarse cada 10 años, estaba previsto inicialmente para el 16 de noviembre de 2022, ya que el último fue en 2012, pero el Gobierno de Arce lo postergó para 2024 por razones técnicas.
Después de semanas de conflicto, el movimiento opositor llegó a aceptar la postergación de la fecha, pero reclamaba una ley que la fijara. La media sanción lograda por el proyecto de Ley, el sábado en Diputados, permitió destrabar un conflicto de 36 días mantenido en Santa Cruz de la Sierra, tras más de un mes de paro y violentas protestas.