La titular de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, auguró que a Cristina Kirchner la condenarán en la en la Causa Vialidad. El Tribunal Federal Oral 2, que investiga a la vicepresidenta por el redireccionamiento de la obra pública en Santa Cruz en favor del empresario Lázaro Báez, dará el veredicto final en la tarde este martes. Más allá de eso, ‘Lilita’ sostuvo “lo importante es que devuelva el dinero” que habría obtenido mediante actos ilegales.
“Confío en la Justicia, y que la sociedad tenga en claro que acá no termina, pero que ella va a ser condenada y va a pasar la prisión. Cuando llegue la sentencia de la Corte, en domiciliaria, pero lo importante es que devuelta el dinero y que queden libres todos los mayores de 70 años que están presos hoy”, planteó el lunes por la noche Carrió en declaraciones a Todo Noticias.
En la misma línea, la exdiputada nacional agregó: “No se puede ser corrupto y querer ser impune. Creo que el Poder Judicial debe cumplir, que a veces supone pasar por un tránsito muy difícil, porque decir la verdad es algo muy complejo. Ahora vendrá la sentencia que es el juicio”. La determinación del TOF 2 se conocerá a partir de las 17.30 del martes y la expectativa crece minuto a minuto.
A su parte, Carrió calificó la defensa de la vicepresidenta como un hecho de “bullying”, y la acusó de “golpeadora institucional” y «manipuladora”. “Cuando uno realiza determinadas conductas en la vida tiene que tener las consecuencias, las penales y las civiles las tiene. Muchos fuimos sometidos a juicios por persecución durante el Gobierno. Si uno es inocente, la verdad sale a la luz, pero cuando uno es culpable…”, manifestó la cofundadora de Juntos por el Cambio.
“Ella (Cristina Kirchner) es la patota, siento esa afrenta. Acá no hay una madre que protege, es una madre golpeadora. Es difícil de decirlo en una época de feminismo. Lo que se está dando es una mujer, actuando como un macho cruel, golpea a su propia familia. Golpea al propio PJ (Partido Justicialista”, afirmó Carrió sobre la dos veces presidenta, a quien podrían condenar a 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
