La Corte Suprema decidió el mismo día de la condena contra Cristina Kirchner que un juez en lo Civil y Comercial Federal evalúe los perjuicios a Vialidad Nacional. Objetivamente, solicitaron que se determine si ella y los demás funcionarios imputados en la causa Obra Pública produjeron “daños y perjuicios al Estado Nacional con su actuación contraria a la leyes en la adjudicación y ejecución de obras públicas en la provincia de Santa Cruz”.
El máximo tribunal resolvió así una cuestión de competencia suscitada entre el Tribunal Oral Federal número dos, que el martes dictó veredicto en la Causa Vialidad, y el fuero en lo Civil y Comercial Federal. Se trata del reclamo civil que la Dirección de Vialidad postuló como consecuencia de los delitos que le atribuyó en su denuncia de 2016 a los funcionarios del gobierno kirchnerista. Ayer resultaron condenados en primera instancia, aunque la sentencia todavía no estará firme hasta marzo por lo menos.
El procurador general interino Eduardo Casal, en un dictamen requerido por la Corte Suprema, consideró “razonable y verosímil la conclusión de que el desarrollo del presente litigio civil en el proceso penal es capaz de entorpecer el curso de este último en un grado que comprometería la exigencia de juzgar a los imputados en el plazo más breve posible y sin dilaciones indebidas”.
La Corte Suprema sigue de cerca las denuncias
El tribunal oral que dictó las condenas por “administración fraudulenta” declinó –en cambio– su competencia para intervenir en la acción civil. La medida persigue una condena también por “daños punitivos”. El jefe de los fiscales resaltó que “la demanda contra el contratista Lázaro Báez se funda en el régimen de la responsabilidad contractual». Agrega que «el daño emana del incumplimiento de las relaciones convencionales que lo ligaban con el Estado. El reclamo civil en el proceso penal sólo puede basarse en la responsabilidad extracontractual que surge de la comisión de un delito».
Vialidad reclama también la compensación económica por los perjuicios supuestamente ocasionados por los imputados al Estado Nacional “con su actuación contraria a la leyes en la adjudicación y ejecución de obras públicas en la provincia de Santa Cruz”. Ese reclamo quedó ahora en manos del juzgado en lo Civil y Comercial Federal número 11, a cargo del juez Alejandro Nóbili. Todas ellas están bajo el ojo de la Corte, la cual el kirchnerismo ha atacado por su supuesta incidencia en los juzgamientos.
