El exfuncionario Renzo Arteaga Fernández fue condenado a tres años de prisión por falsificación de documentos y otros delitos cometidos. Él mismo, habría posibilitado el ingreso a Bolivia de armas no letales y equipos de represión fabricados en Argentina, en noviembre de 2019, en los primeros días tras el golpe de Estado contra Evo Morales.
Arteaga había sido designado por la entonces canciller Karen Longaric como el encargado de tramitar el ingreso a Bolivia de granadas lacrimógenas y otros productos utilizados para la represión de protestas callejeras sin el cumplimiento de la ley boliviana, que en estos casos requiere la aprobación del Congreso Plurinacional, informó Télam.
Días después de que Áñez se autoproclamara presidenta de Bolivia, el Gobierno de Mauricio Macri completó el envío a Bolivia de municiones antidisturbios, granadas lacrimógenas y otros insumos represivos. Los mismos llegaron a través de un vuelo de la Fuerza Aérea Argentina, donde también viajó un contingente del grupo élite Alacran, de Gendarmería.
El material represivo estaba dirigido a la Policía y Fuerzas Armadas de Bolivia. La carga total fue de 70 mil cartuchos. El ingreso a Bolivia de militares de otro país, así como la importación de armas, requiere autorización expresa del Congreso de Bolivia. En Argentina también se necesita la autorización del Congreso para exportar armas. Trámite que no se llevó a cabo.
«La justicia también está muy cerca de sentenciar (al excomandante de la Fuerza Aérea Jorge Gonzalo) Terceros Lara y (al excomandante de la Policía Vladimir) Yuri Calderón. Los abogados que siguen la causa dicen que esto sucederá entre los meses de febrero y marzo del próximo año», expresó el embajador en Bolivia, Ariel Basteiro.
