Las denuncias del Frente de Todos contra funcionarios judiciales y políticos no paran. A pocas horas de ser instruido para denunciar penalmente al ministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro, Martín Soria, titular del Ministerio de Justicia, apuntó contra la jueza María Eugenia Capuchetti. La encargada de investigar varias causas, entre ellas la Mesa Judicial M, es acusada de tener vínculos económicos y políticos con Comodoro Py y el PRO.
Soria, en un hilo de Twitter, acorraló también a D’Alessandro. «La jueza Capuchetti está contratada por el Gobierno de Larreta desde 2019 en el órgano encargado de asesorar a la conducción política de Seguridad de CABA: el ministerio de D’Alessandro. Los vínculos económicos y políticos entre Comodoro Py y el PRO parecen no tener límite alguno«, explica.
¿Qué denuncia Martín Soria?
El ministro destaca que desde hace 4 años la jueza es la encargada de investigar el atentado contra @CFKArgentina, la Mesa Judicial M y la deuda de Mauricio Macri con el FMI. Ante ello, cobra un sueldo mensual de “investigadora senior”. Sin embargo, según la Constitución Nacional, «los jueces tienen prohibida toda actividad, con excepción de la docencia».
En un documento del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Capuchetti aparece como miembro del Instituto Superior de Seguridad Pública de CABA. Acorde precisa en el párrafo siguiente, el recinto «tiene la misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente al personal de la Policía de la Ciudad, al Cuerpo de Bomberos». Lo que destaca Martín Soria es que es el lugar es el encargado de instruir a los funcionarios responsables de la seguridad ciudadana y del sistema policial.
El integrante del Gabinete de Ministros destaca dos cuestiones. La primera, que el instituto «tiene como autoridad al viajero de Lago Escondido Juan Bautista Mahiques», más precisamente como vicedirector. La segunda, que a María Eugenia Capuchetti «no se le conoce una sola investigación ni publicación científica».
Asimismo, «el Decreto-Ley 1285/58 establece la incompatibilidad de ‘la magistratura judicial con toda actividad política’ y ‘cualquier actividad profesional’. Solo permite a los magistrados ejercer la docencia. Ejercer funciones de supuesta investigadora es lisa y llanamente ilegal». De este modo, Soria concluye que la asesoría a la máxima autoridad política de la justicia y seguridad de CABA no solo es ilegal, sino que permite ver el desborde de «las relaciones promiscuas y corruptas entre el PRO y algunos jueces federales de Comodoro Py».
