El Tribunal Supremo de Brasil destituyó a última hora del domingo al gobernador de Brasilia, Ibaneis Rocha. La medida regirá durante 90 días, por fallos en la seguridad de la capital. Miles de partidarios del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro saquearon edificios gubernamentales el domingo, provocando destrozos.
Las autoridades brasileñas han comenzado a investigar el peor ataque contra las instituciones del país desde la restauración de la democracia hace cuatro décadas. El presidente Lula da Silva ha prometido llevar ante la justicia a los responsables de los disturbios.
Decenas de miles de manifestantes antidemocráticos invadieron el domingo el Tribunal Supremo, el Congreso y el palacio presidencial y rompieron ventanas, volcaron muebles, destruyeron obras de arte y robaron la Constitución original del país, de 1988. También se llevaron armas de una oficina de seguridad presidencial.
Da Silva manifestó que la fuerza policial militarizada local que depende de Rocha, un exaliado de Bolsonaro, «no hizo nada para detener el avance de los manifestantes». Además, decretó la intervención federal de la seguridad pública en la capital. Prometió castigos ejemplares para los líderes del asalto «fascista» que pretendía provocar un golpe militar destinado a restaurar al líder derechista en el poder, informó Reuters.
El asalto suscitó preguntas entre los aliados de Lula sobre cómo las fuerzas de seguridad pública en la capital estaban tan poco preparadas y fueron fácilmente superadas por los alborotadores que habían anunciado sus planes con días de antelación en las redes sociales.
La invasión recordó el asalto al Capitolio de Estados Unidos hace dos años por partidarios del expresidente Donald Trump. El hecho fue rápidamente condenada por dirigentes mundiales, desde Joe Biden y Emmanuel Macron, hasta jefes de Estado latinoamericanos.