Al Congreso de la Nación ya ingresó el pedido de juicio político a la Corte Suprema de Justicia que impulsó el presidente Alberto Fernández pero que fue presentado por el bloque de diputados del Frente de Todos. Junto a ello, el Poder Ejecutivo convocó a sesiones extraordinarias para el 23 de enero y así se avanzará con esta iniciativa que, desde el Gobierno, afirman que tienen los fundamentos y votos necesarios.
Para ello, desde Casa Rosada convocaron a una gran cantidad de testigos para declarar o argumentar sus vínculos con el máximo tribunal. Esto se desarrollará a lo largo de 35 convocatorias entre funcionarios y organismos. En esta extensa lista se destacan los 11 gobernadores que adhirieron al pedido; el vocero del presidente de la Corte, Silvio Robles; el ministro de Justicia y Seguridad del Gobierno porteño en uso de licencia, Marcelo D´Alessandro; y el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro.
También se han incluido otras organizaciones que son de relevancia para la masa social como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. En el documento contra la Corte Suprema de Justicia sostienen que hubo un «grave ataque al sistema federal de nuestro país» con las resoluciones del máximo tribunal, además de una «arbitraria sentencia que pone en jaque la repartición federal de los recursos, afectando de manera directa a las provincias y generando un irreparable desequilibrio entre estas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires».
Los cargos contra la Corte Suprema de Justicia
Por otro lado, desde el Frente de Todos elaboraron una lista con las acusaciones contra la Corte Suprema de Justicia. En primer punto señalan el beneficio del «2×1» para un represor, además de las modificaciones en la conformación del Consejo de la Magistratura, entre otros temas. Sin dudas el más reciente es el caso de los fondos de coparticipación en favor de CABA aunque no es el único.
También quieren que expliquen los chats que han salido a la luz con presuntos vínculos con dirigentes de Juntos por el Cambio. A raíz de esto, convocaron a D’Alessandro para que explique sus conversaciones con allegados al presidente del máximo tribunal. Por último, critican que han buscado «condicionar la actuación del Poder Legislativo» con declaraciones mediáticas de parte de los magistrados.
