El Gobierno de la provincia de Buenos Aires denunció penalmente a Marcelo D’Alessandro y Silvio Robles. Desde la administración a cargo de Axel Kicillof se presentaron este miércoles ante los tribunales federales de La Plata acusando al ministro de Seguridad porteño en uso de licencia y al asesor del titular de la Corte Suprema de Justicia Horacio Rosatti por los “delitos de tráfico de influencias e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
“Nuestra provincia es históricamente la más perjudicada por el esquema de coparticipación. Esta situación ahora se ve agravada por una decisión no sólo injusta e ilegal de la Corte Suprema, sino que además habría sido producto del tráfico de influencias de funcionarios de la Corte Suprema y del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, denunció la Provincia, según NA.
De esta manera, “pretenden quitarle recursos que les corresponden a las provincias para otorgárselos a la ciudad más rica del país y así financiar la campaña presidencial del jefe de Gobierno (Horacio Rodríguez Larreta)”, remarca el Gobierno bonaerense. Y continúa: “La Corte Suprema nunca escuchó a las provincias pese a los reiterados pedidos presentados en tiempo y forma. Hoy el Congreso de la Nación tramita el juicio político contra la Corte por varias conductas opuestas a lo que dicta la Constitución Nacional”.
En esta línea, agrega: “Los hechos denunciados hoy deben ser investigados por fiscales y jueces que sean verdaderamente independientes. Se debe impedir este arreglo político completamente ilegal. A nosotros nos corresponde defender el federalismo y a la provincia de Buenos Aires”, sostuvo la Provincia. La presentación de Kicillof en La Plata recayó en el juez Alejo Ramos Padilla, afín al kirchnerismo.
“Los chats no son objeto de la denuncia pero sí la maniobra”, sostuvo este miércoles el ministro de Justicia bonaerense, Julio Alak. En declaraciones a Radio 10, advirtió que “el ministro de la Ciudad estaba en contacto permanente con alguien cercano a la Corte donde lo asesoraban para elaborar un dictamen que tuvo un impacto importante por la coparticipación”.
La presentación que hizo la administración de Kicillof se basa en las conversaciones que trascendieron entre D’Alessandro y Robles. Desde la Provincia también resaltaron el inicio del debate del pedido de juicio político en la Cámara de Diputados contra los integrantes del máximo tribunal. “La resolución de la Corte por la coparticipación son recursos que van a perder las provincias. Y gudiza las asimetrías que tenemos en el país”, enfatizó al respecto Alak.
