En los últimos meses, Cristina Kirchner fue nuevamente de las más mencionadas en el país a raíz de su condena por la Causa Vialidad. Tal es así que el Departamento de Estado de Estados Unidos elaboró el «Human Rights Report 2022» de Argentina con ella como protagonista central. Estos informes se realizan todos los años sobre cada uno de los países, pero para este caso alertaron sobre «graves casos de corrupción» en nuestra nación.
Al respecto señalaron en su apartado de «Corrupción» que «en septiembre se estaban llevando a cabo varias investigaciones relacionadas con la corrupción contra figuras políticas de alto rango en ejercicio y ex, incluida la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner» en referencia a la Causa Vialidad, de la cual se conoció su condena en diciembre.
«Fernández de Kirchner y nueve acusados ??principales (45 acusados ??en total) fueron acusados ??de recibir sobornos, pagar sobornos, o ambos, en contratos de obras públicas entre 2008 y 2015 cuando Fernández de Kirchner era presidente. Los fiscales estimaron el valor total del esquema de soborno en $160 millones. El 22 de agosto, los fiscales federales resumieron el caso de corrupción en obras públicas y solicitaron que el tribunal de primera instancia condenara a Fernández de Kirchner y la condenara a 12 años de prisión y le impusiera una inhabilitación de por vida para desempeñar cargos públicos. Fernández de Kirchner y sus hijos enfrentaron otros cuatro casos de corrupción financiera«, detallaron.
«La corrupción y la complicidad oficial se dieron en algunas fuerzas de seguridad. Los abusos más frecuentes incluyeron la extorsión y la protección de los involucrados en el tráfico de drogas, trata de personas, lavado de dinero y prostitución. Las denuncias de corrupción en los tribunales provinciales y federales fueron frecuentes», señalaron desde Estados Unidos sobre situaciones sucedidas en los gobiernos de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.
Críticas al Gobierno
En este marco, las autoridades remarcaron que «la ley establece sanciones penales por corrupción de funcionarios, pero el gobierno no implementó la ley de manera efectiva. Hubo numerosos informes de corrupción gubernamental durante el año. Instituciones débiles y un sistema judicial a menudo ineficaz y politizado socavaron los intentos sistemáticos de frenar la corrupción».
También cuestionaron que «la ley prevé un poder judicial independiente, pero los funcionarios gubernamentales de todos los niveles no siempre respetan la independencia e imparcialidad judiciales. Los jueces de algunos tribunales penales federales y provinciales a veces eran objeto de manipulación política» en alusión a la embestida judicial del kirchnerismo.
