Los choferes de la línea 178 de colectivos iniciaron hoy un paro para reclamar más seguridad tras denunciar un robo y tiroteo que ocurrió en una unidad, en el partido bonaerense de Lanús. En el último mes, desde el crimen del colectivero Daniel Barrientos en Virrey del Pino, zona oeste de Buenos Aires, se han multiplicado las interrupciones por motivos de inseguridad.
Según se informó, el hecho ocurrió este martes alrededor de las 6:30 de la mañana. Dos personas se subieron al colectivo de la empresa La Colorada S.A para robarle a los pasajeros, entre los que se encontraba un Policía de la Ciudad, vestido de civil. En ese momento, ocurrió un enfrentamiento entre el efectivo y los dos delincuentes que lograron robar una mochila, y nadie resultó herido acorde precisó NA.
Los ladrones se dieron a la fuga, y tras ellos, los trabajadores de la línea 178 decidieron realizar un paro por tiempo indeterminado para exigir mayor seguridad. Además, los manifestantes, que acudieron a la puerta de la jefatura policial de Lanús, denunciaron que no cuentan con cámaras de seguridad ni con ningún otro elemento para protegerse.
«La línea 178 no funciona. Hubo un tiroteo arriba de un micro en Villa Sapito, Lanús», publicó un chofer de la empresa en sus redes sociales y remarcó que una de las balas del tiroteo pasó apenas a unos «30 centímetros del chofer». El hombre compartió también una imagen del impacto de la bala cerca del matafuegos y del lector de la SUBE.
La resolución del Ministerio de Transporte
El Ministerio de Transporte autorizó a que otras empresas cubran los recorridos en caso de que los colectiveros realicen estas medidas de fuerza. A través de la resolución 2/2023 publicada este martes en el Boletín Oficial, autorizaron “con carácter de excepción, a título precario y provisorio” a que las empresas inscriptas en el Registro Nacional del Transporte de Pasajeros por Automotor de Carácter Urbano y Suburbano realicen servicios de emergencia.
La cartera justificó la medida en que se trata de un servicio público, según TN, “cuya prestación el Estado debe asegurar en forma general, continua, regular, obligatoria y uniforme”. El objetivo es garantizar la «prestación mínima» para que los usuarios del transporte público puedan trasladarse normalmente.
