El abogado Carlos Beraldi, quien defiende a la vicepresidenta Cristina Kirchner, afirmó que el proceso judicial en el marco de la Causa Vialidad contra la titular del Senado fue «escandaloso». Al mismo tiempo, remarcó que los magistrados y fiscales que intervinieron, entre ellos el fiscal Diego Luciani, «no reunían las condiciones de imparcialidad y objetividad».
«No tengo dudas de que los jueces que han intervenido en todo el proceso no reunían las condiciones de imparcialidad y los fiscales, de objetividad», sostuvo el letrado en diálogo con La 990. En tanto, el representante legal de la ex mandataria celebró que el juez Javier Carbajo se haya apartado como integrante de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal.
Carbajo debe revisar la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua que pesa sobre la vicepresidenta por fraude en la obra pública a raíz de la licitación que otorgó al empresario Lázaro Báez, también encontrado culpable. Además, pidió el apartamiento de los otros dos jueces, a los cuales vinculó con el expresidente Mauricio Macri.
«Pedimos que los jueces (Gustavo Hornos y Mariano Borinsky), que no reúnen la condición de jueces imparciales, se aparten. Deberían hacerlo motu proprio. Carbajo, con buen criterio, se apartó, se inhibió de la causa diciendo que él ya había opinado en otro expediente y que su imparcialidad en el caso se encontraba contaminada», señaló.
Cuestionamientos a la Corte Suprema de Justicia
Al advertir distintas situaciones del proceso judicial que enfrentó Cristina Kirchner, Beraldi apuntó contra la Corte Suprema de Justicia. «Estamos viendo el nivel escandaloso que tiene todo esto y el Juicio Político, con el gran trabajo que se está haciendo en el Congreso, está poniendo todo a la vista», mencionó.
Como cierre, el abogado ratificó que la vicepresidenta Cristina Kirchner es «inocente» y que recibió una «condena injusta, arbitraria y parte de una campaña de persecución» en su contra. También sostuvo que la condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos no cuenta con pruebas directas que avalen las acusaciones.
