En horas de la tarde del jueves, y en medio de un día caótico en la Ciudad de Buenos Aires, las empresas de colectivos tomaron medidas de fuerza ante el reclamo no escuchado de parte del Gobierno nacional por una paritaria. Frente a esto, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) llamó a realizar un paro que luego fue dado de baja. Sin embargo, otra de las listas que compone el gremio decidió avanzar y lo harán a nivel nacional.
El paro de colectivos sería durante todo el 19 de mayo y afectará a las líneas que van dentro del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) como también a otras del interior del país. Frente a esto, en el Gobierno nacional se comunicaron con los representantes del sindicato para conocer bajo que condiciones aceptarán poner marcha atrás con la medida de fuerza.
Desde la UTA exigen que se eleve el salario mínimo de los trabajadores más un bono, algo que no pueden garantizar desde el Gobierno pero que están dispuestos a negociar, tal y como habían hecho con el otro sector en horas de la tarde. Como no hubo respuesta, avanzaron con un duro comunicado para anunciar el paro durante toda la jornada del viernes pero ya hay una respuesta desde Casa Rosada preparada.
«La medida de fuerza es empujada por quienes tienen la responsabilidad de solucionar la grave crisis en la que están poniendo el transporte por todos los efectos «dañosos» que causan, afectando los 10 millones de usuarios diarios del AMBA y los 9 millones en el interior del país, poniendo seriamente en riesgo la seguridad pública, por lo que será la exclusiva responsabilidad del sector empresario, de las máximas autoridades del Ministerio de Transporte de la Nación y los responsables del transporte en las provincias y el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por falta de acuerdo salarial», advirtieron.
El Gobierno frena el paro
Frente a esta medida, desde el Ministerio de Trabajo, encabezado por Kelly Olmos, también comenzaron a moverse. La funcionaria todavía no lo hizo oficial pero la respuesta que les daría sería dictar conciliación obligatoria, lo que haría que automáticamente se restablezca el servicio mientras negocian las paritarias y, de no hacerlo, se expondrán a sanciones.
