En medio de un clima de tensión y protestas, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, logró avanzar con la aprobación y jura de la reforma parcial de la Carta Magna de la provincia, generando un fuerte rechazo en la población. Desde tempranas horas de la mañana, manifestantes se congregaron frente a la Legislatura provincial, derribando las vallas perimetrales y lanzando piedras contra la policía. Algunos lograron ingresar al edificio, donde provocaron destrozos y prendieron fuego oficinas.
El gobernador Morales, funcionarios y miembros del Poder Judicial pudieron retirarse a tiempo de la Legislatura, evitando quedar atrapados en medio de los disturbios. Sin embargo, los enfrentamientos entre manifestantes responden con piedras y proyectiles y las fuerzas de seguridad que persisten utilizando balas de goma y gases lacrimógenos para contener la protesta. Las cámaras de C5N detectaron las escenas escalofriantes.
La reforma de la Constitución de Jujuy, aprobada en medio de estos incidentes, establece medidas que prohíben los cortes de calles y rutas, así como cualquier perturbación al derecho a la libre circulación de las personas y la ocupación indebida de edificios públicos en la provincia. Además, busca avanzar en cuestiones relacionadas con los derechos de los pueblos originarios y el uso de los recursos naturales. Estas modificaciones han generado un amplio rechazo por parte de diversos sectores de la sociedad.
La aprobación apresurada de la reforma constitucional, sin el debido debate y con presunta falta de transparencia, ha despertado la indignación de diputados nacionales y ciudadanos preocupados por la falta de participación y el desconocimiento del texto. Carolina Moisés, diputada nacional por Jujuy del Frente de Todos, denunció que se ocultó el texto y que no se respetaron los plazos de debate establecidos.
El rechazo a la reforma ha llevado a un paro general convocado por gremios alineados con la CGT y la CTA, sumado a la advertencia del Ministerio de Trabajo nacional sobre la posible declaración de inconstitucionalidad de dos artículos que sancionan y restringen la protesta social. Además, las comunidades originarias mantienen un corte en la ruta nacional 9, en Purmamarca, en solidaridad con las demandas de los derechos indígenas.
A pesar de las críticas y la creciente tensión en la provincia, el gobernador Morales ratificó el artículo 67 de la reforma, que prohíbe los cortes de rutas y calles, así como la ocupación de edificios públicos. Esta medida ha generado un nuevo conflicto entre el gobierno provincial y diversos sectores de la sociedad, que continúan manifestándose en contra de la reforma constitucional y exigiendo un mayor respeto a los derechos y la participación ciudadana.
