El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) le reclamó al gobernador Gerardo Morales «reducir tensiones» en medio de la situación límite en Jujuy. Así como lo hizo la Organización de Estados Americanos (OEA) el día martes, la ONU-Derechos Humanos expresó su preocupación por la violencia institucional.
Jan Jarab, representante de la Oficina Regional de América del Sur, se dirigió al mandatario provincial, al secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, y al canciller Santiago Cafiero en una carta fechada el 20 de junio. El principal cuestionamiento se realiza sobre la reforma constitucional local y los hechos acaecidos el 17 del mismo mes.
Qué dice la misiva dirigida a Gerardo Morales
“El objeto de la presente comunicación es expresar la preocupación de la Oficina que represento por la gestión de las recientes manifestaciones por parte de las fuerzas de seguridad, así como por algunas de las disposiciones del texto de reforma constitucional provincial aprobado”, expresa la misiva de dos carillas.
“Hemos recibido informaciones sobre hechos que podrían constituir un uso indebido de la fuerza en contra de personas en el contexto de las manifestaciones. La Oficina ha tomado conocimiento que al menos 20 personas han resultado heridas, incluido un joven de 17 años que sufrió trauma ocular severo y otra persona que habría sufrido un trauma craneal, supuestamente por uso de armas menos letales disparadas directamente en contra de la parte superior del cuerpo», agrega.
“La Oficina recibió información indicando que, hoy, en el contexto de una protesta pacífica en las inmediaciones de la legislatura jujeña, se desarrollaron hechos violentos cometidos por algunos particulares y la irrupción de algunas personas en las instalaciones de esa legislatura”, amplía. Además, expresa su preocupación por la detención de miembros de comunidades indígenas, de una legisladora provincial y de dos periodistas.
Para la ONU, cortar el tránsito no es violencia
En otra parte del documento, la ONU-Derechos Humanos remarcó que los mecanismos internacionales destacan que «la mera perturbación de la circulación del tráfico, o de los peatones, o de las actividades cotidianas no equivale a violencia». De esta forma, el artículo 67 de la Constitución reformada, que establece la prohibición de cortes de calles, rutas y ocupación de edificios públicos, «no se encuentra en línea con las obligaciones y estándares internacionales en materia de derechos humanos».
Por último, la ACNUDH resaltó el derecho a la reunión como uno de los puntos claves de cualquier gobierno democrático y participativo. Asimismo, destacó su importancia para «reconocer y concretizar muchos otros derechos», importantes para «las personas y grupos más discriminados de la sociedad».
