Los combates entre tres grupos armados ilegales por el control territorial en una región del suroeste de Colombia dejan unas 5.000 personas desplazas o confinadas, y un indígena muerto por la activación de una mina antipersonal, informó el martes la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
Los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) Segunda Marquetalia y Estado Mayor Central comenzaron el 28 de mayo en zona rural del municipio de Ricaurte, en el departamento de Nariño, afectando la comunidad Awá.
«La confrontación ha provocado el desplazamiento forzado y el confinamiento de cerca de 5.000 personas, en su mayoría indígenas, que se han visto obligadas a refugiarse del fuego cruzado», dijo la entidad gubernamental. «La utilización de minas antipersonal —arma irregular prohibida por el derecho internacional— también ha generado daños profundos a las comunidades y ocasionó la reciente muerte de Mauricio Canticus en el resguardo Magüí», agregó.
El Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, hizo un llamado urgente a los grupos armados para que respeten el Derecho Internacional Humanitario y cesen las acciones que afectan a la comunidad Awá y a la población civil en general, informó Reuters.
Negociaciones de paz paradas
Colombia, país de 50 millones de habitantes, enfrenta un conflicto armado interno de casi seis décadas que ha dejado más de 450.000 muertos y alrededor de ocho millones de desplazados. El presidente Gustavo Petro impulsa una política de paz total para poner fin a la confrontación a través de negociaciones con los grupos guerrilleros y procesos de sometimiento de bandas criminales a cambio de reducción de las sentencias carcelarias.
El presidente restableció una negociación de paz con el ELN, grupo guerrillero con el que iniciará un cese bilateral del fuego a partir del 3 de agosto, aunque no ha logrado mayores avances con las dos disidencias de las FARC ni con bandas criminales como el Clan del Golfo.
