Patricia Bullrich anticipó que denunció a Martín Soria por haber pedido la intetervención de la ONG que lidera la exministra de Seguridad. En ese sentido, la precandidata a presidente señaló que el funcionario nacional «busca correr la atención» del Gobierno «desastrozo» que está siendo el de Alberto Fernández y se autopercibió «perseguida política».
Una de las precandidatas que tiene Juntos por el Cambio, a nivel nacional, es investigada por la Justicia. Miembros del oficialismo pusieron en duda la transparencia de la ONG que comanda Patricia Bullrich. Uno de los encargados de denunciar a la exfuncionaria fue Martín Soria, ministro de Justicia de la Nación. Y se dispuso a intervenir la por 180 días.
Patricia Bullrich dejó la denuncia en manos de su abogada Silvina Martínez. La letrada dio una explicación de por qué el Gobierno nacional decidió denunciar la ONG de la titular del PRO: “Lo que se busca es controlar, restringir y potencialmente criminalizar y cerrar las ONG que no sean afines al gobierno kirchnerista”, manifestó.
«No solo se difunden supuestas irregularidades en el funcionamiento de una entidad civil que preside Patricia Bullrich, sino que se persigue a las personas jurídicas y humanas que resultaron donantes de la entidad o bien asistieron a las distintas actividades que la entidad realizó», agregó la encargada de defender los intereses de Bullrich.
“Menciona el titular de la IGJ que se pone en dudas la real existencia de la actividad educativa y su vinculación con el objeto social por el solo hecho que algunas de las actividades se organizan bajo la forma de seminario, almuerzos o cenas. Como si solo pudieran dictarse charlas en un horario determinado y bajo una modalidad establecida en la cabeza de Ricardo Nissen», reza el comunicado.
La abogada se convenció de que la causa la armaron en secreto diferentes miembros del Gobierno nacional. Además se procedió a intervenir la ONG sin indicaciones de la Justicia. Entre otras de las irregularidades que menciona Martínez, detalla que «se divulga información sobre el financiamiento de la entidad civil, violando los derechos de asociación y privacidad, criminalizando la actividad asociativa”.
