Miles de personas salieron el miércoles a protestar contra la presidenta de Perú, Dina Boluarte, y la policía dispersó con bombas lacrimógenas a manifestantes que llegaron hasta el Congreso en Lima, en una jornada en la que se reportaron bloqueos de vías y ocho heridos en un país atrapado por conflictos sociales.
Portando pancartas con lemas contra el Gobierno, los manifestantes exigieron la renuncia de Boluarte y el cierre del Congreso. Las nuevas marchas que se producen meses después de unas anteriores protestas que dejaron 50 muertos. «Es posible que mañana (jueves) continúen las protestas», dijo el ministro de Interior, Vicente Romero.
Además, reportó seis detenidos en la jornada, uno de ellos por «arrojar una bomba molotov a la policía». Romero afirmó que unas 21.000 personas participaron en las marchas, aunque manifestó que algunos miles de ellas no estuvieron relacionadas con las demandas en esta protesta.
La Defensoría del Pueblo informó ocho heridos sin gravedad, seis civiles y dos policías. Luego que manifestantes se enfrentaran con piedras y botellas con agentes de seguridad que respondieron con bombas lacrimógenas frente al Congreso. «Acá queremos justicia, paz y tranquilidad. Que Boluarte salga (renuncie) inmediatamente», afirmó Dionisio Flores, un manifestante, a Reuters.
Las rutas Panamericana norte y sur de Lima, foco de anteriores bloqueos, permanecieron libres. Pero el organismo supervisor de transporte reportó hasta ocho vías interrumpidas, principalmente en las regiones de Arequipa y Cusco, en el sur. En las anteriores protestas, que comenzaron en diciembre con la destitución y arresto del expresidente Pedro Castillo, murieron 67 personas en enfrenamientos y bloqueos.
Gran despliegue policial
Las demandas en las protestas, convocadas por grupos de izquierda y sindicatos, son casi las mismas: la expulsión de Boluarte, el cierre del Congreso dominado por partidos de derecha, elecciones anticipadas y una nueva Constitución. Muchos también piden la liberación del exmandatario Castillo.
La policía informó que desplegó 24.000 agentes en toda el país minero, entre ellos 8.000 para vigilar la capital, ante lo que los organizadores llaman «La tercera toma de Lima». Representantes de ONG ambientalistas habían afirmado que las protestas serían respaldadas por las comunidades que viven cerca de una carretera que usan importantes minas en los Andes de Perú, el segundo productor mundial de cobre.
El Gobierno, que afirma que las protestas son una «amenaza» para la democracia, ha extendido el estado de emergencia en zonas claves del país, una medida que permite a la policía y el Ejército vigilar las regiones en conflicto. Boluarte, cuya aprobación está en mínimos según varias encuestas, es investigada por la fiscalía por los presuntos delitos de «genocidio, homicidio calificado y lesiones graves» por las muertes en las protestas de principios de año.
