Luego del anuncio del ministro de Economía, Sergio Massa, sobre un bono de $60.000 dividido en dos cuotas para trabajadores privados, desde la Cámara Argentina de Comercios y Servicios (CAC) se quejaron. En la entidad manifestaron su «preocupación» por la medida que presiona al sector y que podría generar aumento de precios en las próximas semanas.
La agrupación expresó su «profunda preocupación en relación al otorgamiento de una suma a trabajadores del sector privado recientemente anunciada por el Gobierno Nacional» y recordaron que las negociaciones paritarias es el ámbito donde deberían determinarse las remuneraciones y sus incrementos y no por medio de un DNU como hizo el líder del Frente Renovador.
«Es plenamente consciente del deterioro que el poder adquisitivo de los salarios experimenta mes a mes de la mano de la persistente y elevada inflación que soporta la economía nacional, producto de desequilibrios de larga data. Buena parte de las empresas del país se encuentra en una delicada situación, debido justamente a una macroeconomía desordenada y con un estancamiento que ya acumula una década, lo que hace inviable que puedan afrontar la suma fija«, aseguraron.
También, advirtieron que, si bien aún no se conoce la reglamentación, «de los anuncios se desprende que tan solo una fracción acotada de los pagos en cuestión podría ser tomada a cuenta de contribuciones patronales». También adelantaron que «la suma fija acabará por implicar un aumento de costos significativo para numerosas firmas, ya exhaustas por una elevadísima presión tributaria, legislación laboral vetusta, trabas al comercio exterior, regulaciones excesivas y un entorno macroeconómico por demás adverso».
CAME también se quejó
En horas de la tarde, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) emitió también un comunicado en donde remarcan que las «micro, pequeñas y medianas empresas llevan varios meses perdiendo en su resultado económico y esta imposición agudizará esa pérdida» para los dueños más allá de sí el Gobierno se hace cargo de un 50% o no.
«La injerencia del Estado en la actividad privada no sólo complejiza la relación natural de empleadores y empleados, sino que pone en riesgo la endeble situación de miles de pymes que atraviesan un escenario de extrema fragilidad, con costos que aumentan permanentemente, con imposibilidad de importar insumos básicos y con una recesión que amenaza el consumo de manera creciente», agregaron.
