El primero de septiembre del 2022, Cristina Kirchner fue atacada por Fernando Sabag Montiel antes de ingresar a su domicilio en Recoleta. A la exmandataria le gatillaron dos veces pero la bala no salió e iniciaron una investigación para conocer el trasfondo de esta organización delictiva. En medio de este clima aparece el diputado de Juntos por el Cambio, Gerardo Milman, como un sospechoso.
El funcionario macrista estuvo almorzando el día previo a la agresión y dijo que cuando realicen el acto él estará en la Costa Atlántica, lo que despertó incertidumbre. Así, los abogados de la vicepresidenta pidieron que se haga el peritaje del celular del dirigente del PRO y efectivamente sucedió, pero denunciaron que falsificó las pruebas.
Al parecer, Milman entregó a la Justicia un teléfono celular que comenzó a comercializarse en Estados Unidos en septiembre del 2022, es decir, después del atentado. «Esto implicaría que Milman entregó un dispositivo que no tenía (o, al menos, no tenía en uso vinculado con esa línea) antes del atentado y que tampoco utilizó en las diez semanas posteriores», sostuvieron los abogados José Ubeira y Marcos Aldazábal, según NA.
«Su actitud supuestamente colaborativa es una burla a la Justicia«, aseguraron los letrados que representan a Cristina Kirchner. «Compró el último dispositivo disponible luego del ataque contra la Vicepresidenta, en el evidente conocimiento de que ese aparato era inexpugnable tecnológicamente. Que este teléfono haya salido a la venta después del atentado muestra que nunca puede haber sido el que usó en las fechas previas y posteriores al ataque», afirmaron.
«Esta circunstancia es concordante, también, con el relato de Ivana Bohdziewicz respecto a lo sucedido en las oficinas de Patricia Bullrich, cuando le dijeron a (la secretaria, Carolina) Gómez Mónaco que compre un nuevo celular: ahora sabemos que también era un iPhone 14 Pro y que, tal como le dijeron en esa reunión, el celular no pudo ser abierto por los peritos», enlazaron los abogados.
Teniendo en cuenta esto, llegaron a la conclusión que «es evidente que tanto a Milman como a su círculo se los puso en conocimiento de que deberían comprar los últimos aparatos disponibles para preservar su contenido, más allá de los procesos de borrado. Si Milman no tuvo nada que ver con el atentado, no es fácilmente entendible por qué habría convocado a peritos y abogados para borrar prueba que sabía que era relevante para esta investigación», cerraron.
