En los últimos meses, se revivió un caso que lleva más de diez años de antigüedad. Durante el Gobierno de Cristina Kirchner, con Axel Kicillof como ministro de Economía, estatizaron YPF. En ese momento las acciones de la compañía valían un monto que por estatuto debía abonar el Estado argentino. El tiempo pasó y la Justicia de Estados Unidos determinó que son US$ 16.000 millones lo que Argentina debe pagarle al fondo buitre, a pesar de que ahora lo quieran suspender.
El Gobierno solicitó que no ejecuten la sentencia porque sería equivalente a casi el 20% del presupuesto nacional, una clara muestra de que el negocio kirchnerista fue malo. Además, sería un gran perjuicio para la sociedad y no sería posibilidad estabilizar la moneda nacional con una deuda de 235.000 millones de dólares actualmente.
También afirmó que la aplicación de la ley causaría «graves dificultades» a sus 45 millones de habitantes que se verían perjudicado en ciertos subsidios que otorga el Estado. Cabe recordar que desde Buford Capital, uno de los inversores, exigieron que de inmediato Argentina presente un plan de pagos porque sino avanzarán con los embargos.
A esta firma le corresponden el 70% y 75% de los daños de Petersen y Eton Park por asumir estos cargos a cobrar desde 2012. Por su parte, Argentina sostuvo que no deberían pagar más de 4.920 millones de dólares por YPF, mientas que Repsol recibió unos 5.000 millones de la misma divisa a modo de compensación por un porcentaje de la compañía.
La postura de Argentina sobre YPF
A mediados de octubre, el Gobierno apeló al fallo judicial alegando que si se abonan los US$ 16.000 millones se generaría «daños irreparables a la población que sufre de alta inflación causada por una sequía sin precedentes» además de que «el país no tiene acceso al mercado de capitales para emitir un bono y depositar una garantía» para afrontar lo dictaminado por el tribunal de Nueva York sobre este hecho del 2012.
