El Tribunal Constitucional de Perú ordenó la liberación de expresidente Alberto Fujimori, que cumple una condena por abusos a los derechos humanos, según un documento judicial difundido el martes, días después de que un juez local rechazara dar curso a un indulto humanitario concedido al político hace unos años.
La máxima corte resolvió «declarar fundado» un recurso para restituir el indulto humanitario y ordenó al instituto penitenciario disponer «la inmediata libertad» de Fujimori, precisó el documento del organismo. El exmandatario recibió el indulto del expresidente Pedro Pablo Kuczynski a finales del año 2017.
Tras unos meses en libertad fue vuelto a prisión por la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras los reclamos de familiares de las víctimas de abusos. En el 2022, el Tribunal Constitucional había emitido otro fallo a favor de Fujimori, pero quedó nuevamente suspendido.
Fujimori, de 85 años, fue condenado por ser autor mediato de la matanza de 25 personas en los casos Barrios Altos en 1991 y la Universidad La Cantuta en 1992, mientras su Gobierno enfrentaba a la guerrilla izquierdista de Sendero Luminoso, informó Reuters. El abogado del exmandatario, Elio Riera, explicó que Fujimori probablemente saldrá en libertad este miércoles, por la demora de los trámites para hacer cumplir la medida.
«El expresidente se encuentra muy tranquilo», dijo Riera en las afueras del penal policial donde se encuentra Fujimori. «Él está muy esperanzado que esto se ejecute rápido», agregó. La decisión del Tribunal Constitucional provocó el enojo de activistas de derechos humanos, que afirmaron que con ello Perú estaría entrando en rebeldía con los organismos internacionales que han pedido justicia para las víctimas de abusos.
Familia con influencia política
La familia Fujimori ha tenido una fuerte influencia y relevancia política en las últimas tres décadas en el país. Los simpatizantes del expresidente lo recuerdan como un líder de mano dura que salvó al país del terrorismo y una crisis económica a fines del siglo pasado, pero sus detractores afirman que fue un déspota que disolvió el Congreso en 1992 y violó los derechos humanos para mantenerse durante una década en el poder.
Su hija mayor y heredera política, Keiko Fujimori, está a punto de ser juzgada por lavado de activos por supuestamente recibir aportes ilegales para sus campañas de la constructora brasileña Odebrecht y de un banco local. Keiko, en su tercer intento por ganar la presidencia de Perú, perdió en el 2021 unas apretadas elecciones frente al ahora destituido exmandatario Pedro Castillo.
