Durante su campaña a presidente, Javier Milei aseguró que en su Gobierno las obras públicas pasarían a estar en manos de privados. Esto generó ruido en Unión por la Patria, donde criticaron esta medida. Sin embargo, La Libertad Avanza ganó y de la mano de Guillermo Ferraro, al frente del Ministerio de Infraestructura, lanzaron un esquema público-privado para estas construcciones.
Es por ello que el titular de la cartera se reunió con diferentes empresarios de la construcción para «articular el sector público con el privado y lograr la participación de las empresas en la ejecución y financiamiento de grandes obras y proyectos». Bajo esta premisa, comenzó al proceso para designar a los encargados de realizar las próximas obras en el país.
De la reunión participaron autoridades de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), Unión Industrial Argentina (UIA), Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), Sociedad Rural Argentina (SRA), Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA), integrantes del CPI.
Ferraro planteó que se buscará que «todas las obras que despierten el interés de las empresas sean afrontadas por el sector privado» y remarcó que «detrás de cada gran obra, hay futuros usuarios dispuestos a pagar por ella» en un comunicado que alienta a los empresarios de la construcción a realizar todo tipo de obras para la sociedad a cambio de una ganancia.
«Existen grandes posibilidades para actualizar la infraestructura existente en concesiones caídas con tenencias precarias que han provocado un severo proceso de desinversión. A esas oportunidades, se sumarán llamados para la presentación de nuevos proyectos de iniciativa privada. Lo que estamos planteando es un cambio en el rol del Estado para que actúe como un promotor y facilitador de grandes obras de infraestructura en todo el país», destacó el ministro.
A pesar de esta iniciativa, Ferraro adelantó que para poder desarrollar esta propuesta serán necesarios cambios en la legislación vigente que incluyan programas de incentivos para proyectos de inversión en infraestructura a partir de un nuevo esquema de iniciativa privada. En los casos de sectores a los cuales no cuenten con inversores, el Estado podría hacerse cargo.
