El Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia anuló la potestad de la reelección indefinida en un dictamen que inhabilita a Evo Morales a presentarse a las elecciones de 2025. Pues, Morales ejerció la Presidencia boliviana durante tres periodos continuos entre 2006 y 2019. La sentencia estipula que la reelección indefinida “no es un derecho humano” y se emitió a raíz de una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sin posibilidad de apelación.
Concretamente, la sentencia, que anula un dictamen emitido por el mismo Constitucional en 2017 especifica que un presidente, vicepresidente, diputados o senadores no pueden ejercer más de dos mandatos, ya sea de forma continua o discontinua. El dictamen incluye a también gobernadores y alcaldes electos desde la entrada en vigor del actual texto constitucional en 2009.
Frente al fallo, Morales denunció que se trata de una “sentencia política” parte del “plan negro” del gobierno de Luis Arce. “La sentencia política del TCP autoprorrogado es la prueba de la complicidad de algunos magistrados con el Plan Negro que ejecuta el gobierno por órdenes del imperio y con la conspiración de la derecha boliviana”, escribió el dirigente político boliviano en una publicación de la red social X (antes Twitter).
Esta sentencia se produce dos días antes de que concluya el mandato de seis años de los magistrados, aunque para Morales son el “TCP autoprorrogado”. Además, recuerda que siendo diputado hace casi 22 años fue expulsado del Parlamento. Desde entonces “los neoliberales” buscan “proscribir” su partido y hasta eliminarlo política y físicamente. “Ningún miedo. ¡La lucha sigue hermanas y hermanos!”, enfatizó Morales.
La expresidenta Jeanine Añez celebró el dictamen que “pone punto final al delirio de Evo Morales de reelegirse por siempre”, escribió en X. Cabe recordar que Áñez, está acusada de terrorismo al proclamarse mandataria de Bolivia sin el consenso ni la presencia mínima de legisladores poco después de la renuncia de Morales, que abandonó el cargo en 2019 en medio de una fuerte crisis social y mientras sectores de la Policía y el Ejército orquestaban un motín en su contra.
Por su parte, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, consideró la sentencia como un impedimento para que ningún “aprendiz de tirano pisotee el voto o desconozca un referendo acabe haciendo fraude con la sola intención de perpetuarse en el pode”. Éste, por la misma crisis, está acusado de terrorismo, financiamiento del terrorismo, cohecho activo, seducción de tropas, instigación pública a delinquir, asociación delictiva y uso indebido de deberes y servicios públicos.
