El Gobierno nacional formalizó la suspensión del pago del programa Potenciar Trabajo para más de 4.500 personas debido a supuestas incompatibilidades detectadas tras una investigación dirigida por el fiscal Guillermo Marijuan. La medida, anticipada por el Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello, responde a un entrecruzamiento de datos entre los beneficiarios del plan y la nómina de empleados públicos de 14 provincias.
La investigación judicial abarcó 14 provincias, incluyendo Mendoza, Misiones, Entre Ríos, Tucumán, Río Negro, Jujuy, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Formosa, Salta y Santa Cruz. El fiscal Marijuan reveló que casi 9 mil empleados públicos provinciales también cobran el programa Potenciar Trabajo, señalando una presunta incompatibilidad, informó NA.
A través de la Resolución 17/2023, publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Capital Humano difundió un listado de los nombres de las personas afectadas, abarcando un documento extenso de 418 páginas. Marijuan había solicitado previamente las bases de datos de trabajadores estatales de todas las provincias, cruzándolas con el padrón del plan social.
La investigación apunta contra funcionarios públicos nacionales y provinciales, acusándolos de permitir o facilitar la comisión de fraudes contra el Estado Nacional. Se sugiere que estas acciones podrían encuadrarse en el delito de violación de los deberes de funcionario público.
Los titulares del Programa Potenciar Trabajo reciben actualmente $78.000, y el Gobierno de Javier Milei aclaró que ese monto se congelará, sin aumentos en los próximos meses. El objetivo del plan es contribuir a mejorar el empleo y generar propuestas productivas para personas en situación de vulnerabilidad social y económica.
La decisión de suspender el programa para más de 4.500 personas plantea desafíos legales y destaca la necesidad de una revisión más exhaustiva de los programas sociales. El Gobierno se enfrenta a la tarea de esclarecer las presuntas incompatibilidades y tomar medidas para prevenir futuros casos de irregularidades en la distribución de beneficios sociales.
