El Gobierno de San Luis anunció este miércoles que dará de baja más de 200 planes sociales por considerarlos “casos irregulares”. La decisión se tomó luego de un censo a beneficiarios de planes sociales realizado la última semana sobre más de 35.000 personas. Del relevamiento, se desprendió que 240 personas que percibían dinero tenían domicilio en otras provincias de la Argentina y otras 12 habían fallecido y el beneficio lo cobraba alguien más.
“El censo a los beneficiarios de planes sociales comienza a aclarar algunos puntos oscuros y permite, como dijo el gobernador Claudio Poggi, ‘saber dónde estamos parados’. Por eso, tras detectar 252 casos irregulares, el ministerio de Desarrollo Humano ya decidió darlos de baja”, informó la administración sanluiseña a través de un artículo publicado en su agencia de noticias.
“Hoy mismo desde el Ministerio se emitió urgentemente una resolución para dar de baja estos beneficios que no corresponde que se perciban. Por otra parte, se realizará una investigación para determinar quiénes son las personas que continuaron percibiendo el beneficio luego que los titulares hubieran fallecido, porque se trata de una estafa”, puntualizó la ministra de Desarrollo Humano, Mónica Becerra.
El censo de San Luis a beneficiarios de planes sociales
La Dirección de Estadística y Censos informó que 1.723 beneficiarios no se presentaron a la validación de datos. En cambio, las 6.767 personas que figuran como beneficiarios en los padrones y no completaron el formulario ni se presentaron en los puntos establecidos. Tras el censo, se precisó que 40.274 adjudicatarios completaron el formulario online, mientras que 38.551 concluyeron el trámite con el acto presencial.
El relevamiento estuvo destinado a quienes perciben Plan de Inclusión Social, Becas 22 AG, Plan Solidaridad, Programa Empezar, Programa Integral Autonomía (PIA), Práctica Laboral Rentada, Primer Empleo, Residencia Rentada y Reconocimiento Histórico. El director de Estadística y Censos sanluiseño, Héctor Mazzina, dijo que el censo permitirá actualizar la información y garantizar la transparencia en la asignación de los planes.
En línea con el Gobierno nacional, que suspendió 4.500 planes Potenciar Trabajo
El Gobierno nacional formalizó este martes la suspensión del pago del programa Potenciar Trabajo a más de 4.500 personas por supuestas incompatibilidades. La decisión ya la había anticipado días atrás el Ministerio de Capital Humano, que encabeza Sandra Pettovello, luego de que avanzara una investigación llevada a cabo por el fiscal Guillermo Marijuan.
Los judiciales arrojaron que “luego del entrecruzamiento de la base de datos de los beneficiarios del plan Potenciar Trabajo y de la nómina de los empleados públicos de 14 provincias, 4.588 personas presentarían incompatibilidades para acceder a dicho plan”. Las 14 provincias investigadas hasta el momento son Mendoza, Misiones, Entre Ríos, Tucumán, Río Negro, Jujuy, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Formosa, Salta y Santa Cruz, se informó en un comunicado.
A través de la Resolución 17/2023, publicada este martes en el Boletín Oficial, Capital Humano dio a conocer los nombres de todas las personas apuntas: se trata de un listado de 418 páginas. El fiscal Marijuan había solicitado en noviembre pasado las bases de datos de los trabajadores estatales de las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires, a fin de cruzarlas con el padrón del plan social.
Según la investigación, “la realización de presuntas maniobras ilícitas que podrían encontrar adecuación típica en el delito de defraudación contra la Administración Pública”. El fiscal apunta contra los funcionarios públicos nacionales y provinciales que “sus acciones u omisiones han permitido o facilitado la comisión de estos fraudes contra el Estado Nacional, conductas que, en principio, encuadrarían en el delito de violación de los deberes de funcionario público”.
Los titulares de Potenciar Trabajo cobran $ 78.000 y el gobierno de Javier Milei ya aclaró que ese monto se congelará, por lo que no habrá aumentos en los próximos meses. El objetivo del plan es “contribuir a mejorar el empleo y generar nuevas propuestas productivas a través del desarrollo de proyectos socio-productivos, socio-comunitarios, socio-laborales y la terminalidad educativa, con el fin de promover la inclusión social plena para personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad social y económica”.
