Familiares de represores han dirigido una carta abierta al presidente Javier Milei y la vicepresidente Victoria Villarruel, exigiendo que cumplan con las promesas hechas y liberen a condenados por delitos de lesa humanidad. Entre las firmantes se encuentra Cecilia Pando, quien, a pesar de compartir militancia con Villarruel en los inicios del 2000, ha expresado su descontento. La carta, publicada en La Nación, califica la reclusión como «injusta e ilegal».
La misiva, titulada «¿20 Años no es Nada?», destaca que los festejos de Año Nuevo se vieron empañados por la prisión de sus familiares o amigos. Las firmantes cuestionan el motivo por el cual las autoridades no cumplen con las promesas y abandonan a aquellos que, según ellos, lucharon contra el terrorismo en los años 70. Señalan que los retenidos sufren tratos crueles y degradantes.
La carta cuenta con firmas destacadas, incluyendo a Cecilia Pando, Ana Magi (esposa de Ernesto «Nabo» Barreiro condenado en Córdoba), María Inés Lamolla (esposa de Carlos Esteban Pla condenado en San Luis), y Marta Ravasi (acusada de facilitar la huida de su esposo Jorge Olivera del Hospital Militar). También participan María Elena Vázquez y Lucracia Astiz, madre y hermana de Alfredo Astiz, Graciela de la Villa, esposa de Adolfo Donda, y Patricia Isabel Mauriño, esposa de Rafael Barreiro, excarcelado días después de la asunción del nuevo Gobierno.
La periodista tucumana Luz García Hamilton, creadora del grupo «Las Chicas del Operativo Independencia», también se suma a la carta, mostrando su apoyo a los represores en el banquillo de los juicios en Tucumán. La carta finaliza con un llamado a la unidad para evitar que se «arranquen las nubes blancas de nuestro cielo».
La carta del terror
«Días atrás el mundo festejó la llegada de un nuevo año con esperanza y buenos deseos de prosperidad, pero el festejo en la Argentina ha sido a medias porque se cumplieron 20 años de injusta e ilegal prisión de nuestros soldados que defendieron al país del terrorismo en los años 70, el mismo que ataca hoy a Israel y del cual todos nos horrorizamos», señala la carta firmada por Cecilia Pando y 15 personas más.
«Nosotras nos preguntamos: ¿por qué tenemos tan corta memoria? ¿Por qué las autoridades no cumplen con las promesas hechas a los familiares de las víctimas del terrorismo judicial de hoy y abandonan a quienes lucharon también por las vidas de ellos y los retienen presos hasta los 100 años sufriendo tratos crueles y degradantes? ¿Qué nos pasa compatriotas? ¿Es que ya no corre por nuestras venas una sola gota de sangre? ¿No son ellos de carne y hueso y nosotros la misma cosa ¡Aunemos nuestros esfuerzos para que nadie arranque las nubes blancas de nuestro cielo!», afirman en el documento.
Dos represores ya fueron liberados
El 13 de diciembre, se conmemoraron 47 años de la masacre de Margarita Belén, donde once presos políticos fueron fusilados y cuatro desaparecidos. Dos días después de este aniversario, el coronel Horacio Losito, uno de los responsables de la masacre, recibió su libertad, a pesar de que tenía tres condenas, una a prisión perpetua por la masacre de Belén y dos a 25 años en Corrientes. Sectores promilitares celebraron este acontecimiento, considerándolo el inicio de una «nueva época» en sintonía con el gobierno de La Libertad Avanza (LLA). Losito es conocido por la familia de la vicepresidenta, Victoria Villarruel, por haber combatido en Malvinas con su padre.
A pesar de haber sido detenido en octubre de 2004, Losito disfrutó de prisión domiciliaria desde abril de 2020 debido a la pandemia. Su liberación se basó en haber completado los dos tercios de su sentencia y en la reducción de diez meses por cursos realizados en prisión. El militar, que combatió en Malvinas en 1982, fue propuesto como testigo presencial por el padre de la vicepresidenta durante un reclamo para reconocer a algunos de sus compañeros de la Compañía de Comandos 602.
En un acontecimiento paralelo, el Tribunal Oral Federal de Corrientes otorgó la libertad condicional a Rafael Julio Manuel Barreiro, quien fue condenado por crímenes en el Regimiento de Infantería 9. Barreiro ya estaba en prisión domiciliaria en Curuzú Cuatiá y había sido apartado de los procesos por incapacidad sobreviniente.
A pesar de que su liberación estaba programada para el 12 de octubre de 2024, la Cámara Federal de Casación le concedió trece meses de reducción por el estímulo educativo, adelantando su liberación al 12 de septiembre de 2023. Sin embargo, este hecho se materializó tres meses después, cuando ya había un nuevo gobierno en la Casa Rosada.
