El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, afirmó que aquellos extranjeros sin ciudadanía argentina que cometen delitos deberían ser expulsados del país. Este comentario surge después de que la Policía de la Ciudad detuviera a tres delincuentes (sin nacionalidad argentina) que estaban involucrados en un robo de electrodomésticos en el barrio de Balvanera.
«Hay que expulsar a los extranjeros sin ciudadanía que delinquen. Anoche ante una alerta al 911 personal de la Policía de la Ciudad detuvo a tres delincuentes que estaban robando en un local de electrodomésticos en el barrio de Balvanera, y que intentaron darse a la fuga. Los tres son extranjeros y ninguno posee ciudadanía argentina», expresó Macri en un su cuenta personal de Twitter.
«Se debe restituir la normativa que en 2017 modificó la Ley de Migraciones para agilizar la expulsión de aquellos extranjeros, sin ciudadanía, que eligen nuestro país para delinquir y que fue derogada en 2021 por el kirchnerismo. Nuestra Ciudad no debe ser más el lugar al que se viene a cometer delitos», señaló el exintendente de Vicente López.
¿Qué decía la ley que aprobó Mauricio Macri y que después derogó el kirchnerismo?
El Decreto 70/2017, emitido bajo la presidencia de Mauricio Macri, introdujo modificaciones a la Ley de Migraciones de Argentina (Ley N° 25.871) con el objetivo de implementar controles más rigurosos para prevenir la actividad delictiva de extranjeros en el país.
Proceso de deportación rápida: este decreto estableció un «Procedimiento migratorio especial sumarísimo» con el fin de agilizar los procesos de deportación y la prohibición de ingreso para extranjeros vinculados con delitos. Antes de esta normativa, los procedimientos administrativos y judiciales para expulsar a alguien del país podían extenderse hasta 7 años.
Criterios de admisión y expulsión: el decreto afirmó que cada Estado tiene el derecho soberano de decidir los criterios de admisión y expulsión de los no nacionales y que esta autoridad se veía obstaculizada por la duración de los procesos administrativos y judiciales.
Exclusión de delincuentes: la nueva norma estableció que no podrían ingresar personas que presentaran documentación falsa u omitieran informar sobre sus antecedentes penales; aquellos cumpliendo condena o con antecedentes, tanto en Argentina como en el extranjero, por delitos que, según las leyes argentinas, merecieran penas privativas de libertad, o por delitos como tráfico de armas, de personas, de estupefacientes, de órganos o tejidos, o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas.
Cancelación de residencias: las mismas causas podrían utilizarse para cancelar las residencias otorgadas, independientemente de su antigüedad. En este sentido, la Justicia debía notificar a Migraciones sobre cualquier auto de procesamiento firme, cierre de la investigación preparatoria o acto procesal equiparable, así como de toda condena por delito penal dictada contra un extranjero, en un plazo de 5 días hábiles.
Es importante destacar que este decreto fue derogado en 2021 durante la presidencia de Alberto Fernández. La derogación se sustentó en que los cambios efectuados en 2017 eran «incompatibles con la Constitución Nacional y con el sistema internacional de protección de los derechos humanos».
