Nayib Bukele fue reelecto presidente de El Salvador con más del 80% de los votos gracias a su lucha para erradicar las pandillas y el narcotráfico. En este marco, el jefe de Estado se convirtió en uno de los políticos más reconocidos en la región y Patricia Bullrich, ministra de Seguridad nacional, lo reconoce al punto tal que le gustaría adaptar su sistema a la República Argentina.
La dirigente del PRO tomó la ayuda del mandatario, quien en su último discurso se puso a disposición del país para combatir a los narcotraficantes y la funcionaria aceptó ese mensaje: «Apoyo técnico, sí. Efectivos, no. Ya los tenemos, entre fuerzas federales y provinciales. Sí, técnico, de cómo lograron avanzar sobre el delito y la legislación».
«Nos interesa adaptar el modelo de Bukele. La violencia en Argentina está fuerte. El último fin de semana hubo muertos en el fútbol, fue un verano con peleas permanentes, banditas. El modelo de la mara es complicado, pero vemos el aumento de nivel de violencia de banda que se cruzan, o los enfrentamientos en boliches. Esa violencia, trabajar sobre eso, nos interesa«, admitió Patricia Bullrich en una entrevista con Infobae.
Por otro lado, la ministra de Seguridad admitió que ya hubo contactos con sus pares de El Salvador para trabajar en conjunto: «Cuando fue la asunción de Milei, Bukele no vino. Vino, en cambio, su ministro de Seguridad. Tuvimos intercambios, una charla, sobre la problemática y cómo ellos habían disminuido el delito», reconoció la excandidata del PRO.
«Quedamos en organizarnos una visita allá sabiendo que la problemática de ellos es re difícil, re dura, pero que lograron una baja muy, muy importante. Me sorprendió que surgiera mi nombre, pero se ve que el ministro lo habló. Todavía no retomamos el tema», explicó la titular de la cartera de Seguridad que prometió darle batalla a las bandas criminales en Argentina.
El modelo Bukele
Según Amnesty International, el modelo de Nayb Bukele «ha resultado en más de 66 mil detenciones, en su mayoría arbitrarias, el sometimiento a malos tratos y tortura, violaciones flagrantes al debido proceso, desapariciones forzadas y la muerte de al menos 132 personas bajo la custodia del Estado, quienes al momento de su fallecimiento no habían sido declarados culpables de ningún delito».
