La Cámara Federal de Casación Penal resolvió hoy que la causa contra el protocolo antipiquetes, que tramitaba en el juzgado federal de Sebastián Casanello pase a la justicia penal ordinaria. De esta forma, el «Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación» sigue vigente al remover el expediente del juzgado.
La decisión la tomó el camarista Eduardo Farah, quien junto con el juez Martín Irurzun votó en contra del fallo contra el protocolo. Esto se conoció 30 minutos antes de la hora prevista para que el juzgado de Casanello retomara la audiencia de la semana pasada en la que se enfrentaron la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y la legisladora Celeste Fierro (MST), promotora del caso, que pide suspender el reglamento por inconstitucional.
El objetivo de la audiencia de hoy era que Casanello escuchara a las dos partes antes de tomar una decisión sobre el futuro del protocolo. La semana pasada, la reunión se desarrolló en buenos términos, pero hoy la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal rechazó su competencia para analizar el protocolo.
El tribunal entendió, de este modo, que Casanello no resulta competente para las facultades que se arrogó al resolver el habeas corpus planteado por la referente del MST, «determinando con su accionar una inoficiosa demora en el procedimiento natural del instituto, las que, al decir de la propia Cámara ‘tales desviaciones han llevado a una desnaturalización de aquel y a demoras injustificadas».
Patricia Bullrich celebró la intervención de la Cámara Federal
La titular del Ministerio de Seguridad celebró en sus redes sociales la intervención de la Cámara Federal. Con el título «EL PROTOCOLO DEL ORDEN GANA EN LA JUSTICIA», expuso: «Los que cortan, no cobran. Los que rompen, pagan. Los que violan la ley, van presos. Hoy la Cámara Criminal y Correccional Federal, Sala II nos acompañó. ¡El Protocolo para el Mantenimiento del Orden Público está absolutamente vigente!».
El caso se radicó originalmente en la secretaría electoral del juzgado de María Servini (la demanda alegó que el protocolo afecta derechos políticos), pero Servini lo envió al fuero contencioso administrativo. De allí pasó a la justicia penal ordinaria y luego, a la federal, donde Casanello recibió el caso. Ahora, Farah dispuso que vuelva a la justicia ordinaria.
