Eugenio Semino, Defensor de la Tercera Edad, arremetió contra el bono de $70,000 para jubilados por parte del Gobierno nacional, calificándolo como «más de lo mismo». Semino dijo que esta bonificación, destinada a marzo, apenas alcanzaría para llegar a unos 205,000 pesos, y sería extendido incluso a aquellos jubilados que superan el monto de las jubilaciones mínimas, pero que quedan por debajo de ese monto.
“En realidad es más de lo mismo ¿No? Para llegar con eso alrededor de 205,000 pesos. Este sería extendido también a aquellos que no siendo de la mínima, quedarían bajo ese monto. Lo único que se ratifica es la miseria que vienen padeciendo», disparó Semino en una entrevista para Radio Mitre de Córdoba.
Con un tono crítico, el abogado señaló que aproximadamente 2 millones y medio de jubilados no recibieron ningún bono en los últimos meses, dejando sus haberes en los 170,000 o 180,000 pesos, lo que convierte al bono anunciado en una medida insuficiente para muchos con un marzo de apenas 200.000 pesos para los jubilados.
«A través del bono, de ese pago en negro, de ese pago no remunerativo se consolida el achatamiento de la pirámide», indicó el funador de la asociación sin fines de lucro, Gerontovida. Adelantó que, según la ley, esta suma debería alcanzar hasta junio, cuando se realizará el próximo reajuste. Sin embargo, manifestó su incertidumbre sobre el impacto de la inflación en el próximo trimestre.
Jubilaciones por el piso
De manera contundente, Semino concluyó afirmando que con 205,000 pesos, un jubilado argentino se encontraría en una situación de extrema precariedad, incapaz de cubrir sus necesidades básicas. También destacó que este bono debe ser interpretado como una confirmación de que se avecina un ahorro para el Estado del 0,2% del PBI en base al ajuste en el haber jubilatorio.
«En paralelo no sabemos qué va a pasar con la inflación en el trimestre próximo. En cualquier caso y para ser absolutamente claro, un jubilado con 205 mil pesos se muere de hambre, no puede ni comer ni como hoy ocurre comprar los medicamentos», insistió el dirigente que protege los derechos de los jubilados desde 1990.
