El líder del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, se encuentra bajo la mira de la Justicia tras ser denunciado por el Ministerio de Capital Humano. Pérsico fue señalado por haber beneficiado con más de $473 millones a cooperativas que él mismo integraba durante su tiempo como funcionario del gobierno de Alberto Fernández.
Las acusaciones, de acuerdo a datos de la agencia NA, van desde violación de la Ley de Ética Pública hasta fraude a la administración pública y abuso de autoridad. Además, la denuncia presentada arroja luz sobre una presunta trama de corrupción que ha conmocionado a los argentinos.
Según los datos detallados en la denuncia, Pérsico habría gestionado la sorprendente suma de 261.671.087 pesos para La Patriada, una cooperativa de la cual era socio, y otros 211.675.962 pesos para la Federación Evita, de la cual era presidente. Estas cifras, provenientes de expedientes del plan Potenciar Trabajo, revelan un manejo de fondos públicos que levanta serias sospechas sobre la conducta del dirigente social.
El presupuesto asignado a Pérsico durante la gestión de Alberto Fernández
En un comunicado contundente, el Gobierno ha asegurado que el exfuncionario de Economía Social «incurrió en presuntos delitos en el marco del Plan Potenciar Trabajo», señalando la gravedad de la situación. Lo que resulta aún más impactante es el alcance del poder que Pérsico llegó a ejercer durante su gestión en el gobierno de Fernández. Controlando un presupuesto de $1 billón, la mitad de los fondos de Desarrollo Social, Pérsico tenía más influencia y recursos que la misma titular de esa cartera, Victoria Tolosa Paz.
Con reportes de al menos 150 mil beneficiarios de planes provenientes del Movimiento Evita, Pérsico no solo administraba el programa Potenciar Trabajo, sino que también era beneficiario a través de su organización. Esta denuncia llega en un momento crucial, ya que apenas días antes de la asunción del nuevo gobierno, la Oficina Anticorrupción había condenado a Pérsico por su presunta intervención irregular en distintos expedientes administrativos durante su gestión en el Ministerio de Desarrollo Social.
Ahora, con evidencia que abarca desde mayo de 2019 hasta enero del 2023, el Gobierno busca llevar al dirigente ante la justicia penal por sus acciones. En un intento de defenderse, Pérsico ha admitido haber renovado el convenio sin saber que estaba infringiendo las normativas correspondientes, pero niega haber intervenido en los desembolsos de fondos hacia las organizaciones de las cuales formaba parte.
El escándalo no termina acá, el Gobierno también ha anunciado resultados alarmantes de una auditoría en el PAMI, donde se han encontrado gastos excesivos y venta de recetas médicas fraudulentas. Este nuevo episodio de corrupción amenaza con hundir aún más la confianza en las instituciones públicas y sus líderes.
