En medio de la controversia desatada por la propuesta gubernamental de involucrar a las Fuerzas Armadas en operativos de seguridad interior en Rosario, el ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri, salió al paso de las críticas formuladas por la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien cuestionó la medida y la comparó con políticas implementadas durante la década de los 70.
En una entrevista televisiva, Villarruel expresó su desacuerdo con la intervención militar, afirmando que las Fuerzas Armadas no deben combatir a civiles. En palabras de la vicepresidenta: «El narco es un civil para el derecho. En los 70 se combatió al terrorismo, ¿dónde están los que lo combatieron? Presos«.
Petri, por su parte, respetó la opinión de Villarruel, pero subrayó que la situación actual difiere notablemente de la de hace décadas. Enfatizó que durante los años 70, Argentina enfrentaba una falta de Estado de Derecho y una situación de terrorismo que justificaba la intervención militar en ciertos contextos. El ministro destacó que las acciones llevadas a cabo durante ese período fueron en respuesta a delitos de lesa humanidad, como lo establece el Estatuto de Roma. Según sus declaraciones: «No había Estado de Derecho, ese era el problema«.
Respecto a las medidas propuestas por el Gobierno para otorgar un marco jurídico que permita una participación más activa de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico, Petri enfatizó la importancia de garantizar que estas acciones se realicen dentro de los límites legales y con un claro procedimiento, similar al de otras fuerzas de seguridad. «Hay que darle un marco jurídico adecuado para que las Fuerzas Armadas no actúen con los ojos cerrados«, destacó el ministro.
La propuesta gubernamental surge en medio de una escalada de violencia en la ciudad santafesina, donde el Ejecutivo ha ordenado el despliegue de fuerzas federales para combatir el avance del narcotráfico. En esta estrategia, las Fuerzas Armadas fueron convocadas a brindar apoyo, de acuerdo con lo permitido por la ley de seguridad interior.
En cuanto a la postura de Villarruel en el Senado, Petri afirmó que ella trabajará para la aprobación de las leyes propuestas, independientemente de su opinión personal.
La polémica continúa, mientras el Gobierno defiende la necesidad de una intervención militar controlada para enfrentar el narcotráfico en Rosario, en medio de críticas y preocupaciones sobre posibles violaciones a los derechos constitucionales.
