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POLÍTICA

Delito de adulto, pena de adulto: el Gobierno nacional envió una ley al Congreso para bajar la edad de imputabilidad

Preocupación en el Congreso. El menor sicario de 15 años que mató a sangre fría al playero en Rosario quedó libre de cargos por ser menor.

Congreso

El Ministerio de Justicia del Gobierno nacional, liderado por Mariano Cúneo Libarona, está finalizando los detalles del nuevo Régimen de Minoridad, que incluye una propuesta en el Congreso para reducir la edad de imputabilidad a los 14 años. Esta medida busca hacer a los menores penalmente responsables de sus acciones y ha reabierto un debate que divide a la opinión pública desde hace décadas.

De acuerdo a datos de la agencia NA, la iniciativa, conocida como Ley Penal Juvenil, ha sido elaborada tras la revisión de una treintena de proyectos relacionados con la materia. Según lo anunciado por Cúneo Libarona, la propuesta está en su etapa final y se espera que sea presentada en el Congreso durante la próxima semana.

¿Qué implica la reducción de la edad de imputabilidad?

La actual Ley 22.278, en vigencia desde 1980, establece que los menores de 16 años no son penalmente responsables. Sin embargo, el proyecto liderado por Cúneo Libarona busca cambiar esta disposición, permitiendo que los menores de 14 años puedan ser considerados penalmente responsables por sus acciones.

El caso reciente del brutal asesinato del playero, Bruno Bussanich, perpetrado por un adolescente de 15 años en Rosario, ha reavivado la discusión sobre la edad de imputabilidad. Con el régimen actual, la Justicia no puede intervenir penalmente en casos como este, lo que ha generado un fuerte debate sobre la necesidad de reformar la legislación.

¿Qué otras medidas incluye el nuevo Régimen Penal de Minoridad?

Además de la reducción de la edad de imputabilidad, el proyecto propone la creación de un sistema de tratamientos para la resocialización de los menores condenados. Esto implicaría la disposición de instituciones dedicadas a la reeducación y resocialización, así como la obligación de estudio y trabajo para los menores infractores.

El objetivo del Gobierno es adaptar la legislación a estándares internacionales, garantizando al mismo tiempo la protección de las víctimas y trabajando en la reinserción social de los adolescentes que han cometido delitos. Para ello, se plantea la creación de un sistema procesal específico para menores, que incluiría la formación de un tribunal especializado y la asistencia tanto al imputado como a la víctima.