El Ministerio de Justicia, liderado por Mariano Cúneo Libarona, ha revelado una decisión sin precedentes: realizar una auditoría exhaustiva de todas las solicitudes de reparación patrimonial para víctimas del terrorismo de Estado de la última dictadura militar en la Argentina. Esta medida surge tras la detección de numerosos casos irregulares en la tramitación, otorgamiento y pago de indemnizaciones.
De acuerdo al documento público del Ministerio de Justicia, se tomarán acciones contundentes en los casos donde se determinen irregularidades, incluyendo la persecución para la devolución de las sumas cobradas indebidamente. El objetivo es salvaguardar los fondos estatales y garantizar que las reparaciones lleguen únicamente a quienes correspondan.
En la Argentina, las indemnizaciones para víctimas del terrorismo de Estado son parte de un programa de reparación patrimonial destinado a compensar a aquellos que sufrieron persecución, tortura, desaparición forzada y demás durante la dictadura militar que gobernó el país entre 1976 y 1983. Estas indemnizaciones buscan reconocer el daño sufrido por las víctimas y sus familias, así como brindarles un apoyo económico en reconocimiento a los derechos vulnerados durante ese período oscuro de la historia argentina.
¿De qué se trata la auditoría del Ministerio de Justicia?
La auditoría se fundamenta en un fallo judicial reciente que procesó a un grupo de personas por asociación ilícita, falsificación de documentos y otros delitos relacionados con el fraude en la obtención de indemnizaciones. Esta medida se suma a otras acciones legales en curso para abordar casos de pagos duplicados y reclamos fraudulentos.
El ministro Cúneo Libarona ha destacado la importancia de esta iniciativa, revelando la existencia de numerosos juicios con irregularidades confirmadas por la justicia y señaló que algunos beneficiarios habrían percibido sumas significativas en concepto de indemnización de manera fraudulenta, poniendo en riesgo los recursos del Estado.
La magnitud del problema se agrava con miles de casos de indemnizaciones ya otorgadas a familiares de desaparecidos y exiliados. Sin embargo, el ministro ha expresado su preocupación por la presencia de casos fraudulentos, incluyendo reclamos de personas que no cumplen los requisitos para recibir compensación.
En medio de esta compleja situación, el Ministerio de Justicia está tomando medidas para proteger los fondos públicos y garantizar la transparencia en el proceso de reparación a las víctimas del terrorismo de Estado. Con una auditoría rigurosa y acciones legales firmes, el gobierno busca asegurar que las indemnizaciones lleguen a quienes realmente las necesitan, evitando así la corrupción en este delicado tema.
